La investigación fue asignada al diputado Jorge Alessandri (UDI), quien fue elegido al azar para asumir el rol de fiscal en este caso. Alessandri tiene un plazo de 20 días hábiles para recopilar antecedentes y determinar si es necesario recomendar sanciones, aunque la denuncia también podría ser remitida al Ministerio Público en caso de que los hechos constituyan un delito.
La denuncia activó el Protocolo de Prevención y Sanción del Acoso Sexual implementado en la Cámara en 2018, el cual establece normas específicas para investigar estos casos, especialmente cuando el denunciado es un parlamentario. Dicho protocolo dispone que la investigación sea conducida por un diputado o diputada de distinto género, región y afiliación política del denunciado.
Riquelme arriesgaría una cuantiosa multa
Alessandri, apoyado por el prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, deberá llevar adelante el proceso de forma reservada y presentar sus conclusiones a la Comisión de Régimen Interno. En caso de que la denuncia sea validada, se podría aplicar una multa de hasta el 50% de la dieta parlamentaria de Riquelme, además de otras sanciones disciplinarias.
Este proceso de la Cámara es independiente del procedimiento que también inició el Frente Amplio a nivel interno, donde el tribunal supremo del partido suspendió temporalmente la militancia de Riquelme mientras se resuelve el caso.
La legisladora, por su parte, ha optado por no hacer declaraciones hasta que finalicen las investigaciones, argumentando que prefiere respetar la confidencialidad y dejar el asunto en manos de las instancias correspondientes para que se aclare su situación.
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