Ministerio Público designa fiscales regionales para combatir el crimen organizado creando cuatro macrozonas

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha nombrado a fiscales regionales para liderar una nueva estrategia contra el crimen organizado en puertos de Chile, mediante cinco focos interregionales que abarcan las principales macrozonas del país. La medida responde al aumento de actividades delictivas en las zonas portuarias, especialmente en torno al tráfico de drogas y otros delitos bajo la Ley 20.000.

La estrategia establece cinco focos de investigación distribuidos en las macrozonas Norte, Centro, Sur y Austral. En el Norte, debido a la alta incidencia de delitos, se crearon dos focos específicos: uno que cubre desde Arica y Parinacota hasta Tarapacá y otro desde Antofagasta hasta Coquimbo. Los fiscales regionales Mario Carrera Guerrero y Juan Castro Bekios asumirán la dirección en el norte, mientras que Claudia Perivancich Hoyuelos, Carmen Gloria Wittwer Opitz y Cristian Crisosto Rifo liderarán en las zonas Centro, Sur y Austral, respectivamente.

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Esta nueva estructura de trabajo cuenta con el apoyo de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) y el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), además de la colaboración de unidades en lavado de dinero, delitos económicos y medioambientales. El proyecto también integra apoyo internacional a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX).

Desde hace años, se ha detectado que organizaciones criminales nacionales y transnacionales emplean los puertos chilenos como centros estratégicos para el tráfico de drogas, armas y otros delitos aduaneros. La misión de los nuevos focos interregionales es desarticular estas redes y asegurar la seguridad de las operaciones comerciales marítimas en el país.

La medida sigue un modelo de trabajo interagencial implementado en 2023 que ha sido clave en el diseño de este proyecto. Con esta estructura, el Ministerio Público espera lograr una persecución penal eficiente y coordinada para proteger la seguridad de los puertos y fortalecer la integridad de la economía chilena ante las amenazas del crimen organizado.