Grave informe de Contraloría: de esto trata el caso que afecta más de 80 trasplantes y acusa “privilegios” para una clínica
Ante estos hallazgos, la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá implementar medidas de control para corregir estas deficiencias y asegurar la transparencia en el proceso de trasplante.
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló serias deficiencias en el sistema de trasplantes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, afectando a 84 pacientes que, pese a cumplir con todos los requisitos, no recibieron el trasplante de órganos que necesitaban. Según el informe final N° 297/2024, la Contraloría examinó las acciones de la Coordinación Nacional de Donación y Trasplante (CNPT) y algunas coordinaciones en hospitales específicos como el San Juan de Dios en Santiago, el Carlos Van Buren en Valparaíso y el Hernán Henríquez Aravena en Temuco.
El informe destaca que estos 84 pacientes debían haber recibido un órgano, pero no se justificó por qué no se les realizó el trasplante, lo cual representa una grave falta en el cumplimiento del orden de las listas de espera. Esta omisión sugiere que hubo problemas en el control y en la justificación de las listas de espera, una situación que, según Contraloría, requiere acciones disciplinarias para determinar las responsabilidades de los funcionarios implicados.
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Además, el documento señala que el Coordinador Nacional de Trasplantes dio “autorizaciones privilegiadas” para algunos trasplantes entre vivos, manteniendo comunicación directa con el Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde trabaja como hepatólogo. Esto plantea dudas sobre la equidad en el acceso a los órganos y posibles conflictos de interés, ya que algunos trasplantes se habrían autorizado de manera especial en este centro asistencial.
La auditoría también detectó irregularidades en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad, donde se realizaron extracciones de órganos sin los permisos sanitarios necesarios entre julio de 2022 y abril de 2023. Según Contraloría, el hospital no notificaba sobre posibles donantes ni contaba con una coordinación local para gestionar la donación, lo cual es esencial para un proceso ordenado y transparente.
Falla en el registro de potenciales donantes
Además, el informe menciona que hubo 1.847 fallecimientos con muerte cerebral en 2023, pero de ellos, 358 no estaban registrados en el Sistema de Donación y Trasplante (SIDOT), indicando una falla en el registro de potenciales donantes. Esto afecta la transparencia y la eficiencia en la asignación de órganos, limitando las oportunidades para los pacientes en lista de espera.
En el caso de la Comisión Nacional de Órganos, la Contraloría no encontró evidencia de que esta comisión haya sesionado ni convocado reuniones, lo que también había sido señalado en una auditoría de 2017. La falta de funcionamiento de esta comisión implica que no se están cumpliendo las metas para las cuales fue creada, afectando la coordinación y supervisión en el sistema de trasplantes.
Ante estos hallazgos, la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá implementar medidas de control para corregir estas deficiencias y asegurar la transparencia en el proceso de trasplante. El Instituto Nacional de Salud Pública también deberá informar mensualmente sobre el sistema de Gestión de Trasplantes, con el fin de mejorar la supervisión y garantizar que todos los pacientes tengan igualdad de acceso a los órganos.