Gobierno investiga uso de gastos reservados de Manuel Monsalve tras denuncia por violación
El nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, asegura que se están tomando medidas para garantizar la transparencia en el caso, incluyendo la colaboración del Gobierno con la investigación judicial.
Santiago
El Gobierno ha iniciado una revisión sobre el posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, subsecretario de Interior, en medio de una denuncia por violación en su contra. Luis Cordero, el nuevo subsecretario del Interior, confirmó que Monsalve tenía asignados recursos reservados de su antiguo cargo y que su uso está siendo evaluado.
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Cordero aclaró que, aunque el Ejecutivo no tiene antecedentes sobre un mal uso de estos fondos, se está revisando la situación. “Es un asunto que estamos en revisión y que se informará a quienes corresponda”, afirmó.
Además, destacó que “el uso de potestades y bienes del Estado respecto a cualquier funcionario para fines personales es siempre una irregularidad administrativa y potencialmente penal”.
Ante estos antecedentes, el Gobierno ha tomado decisiones importantes. “La primera, que el sumario instruido le pidió a la contraloría que lo siguiera instruyendo para transparencia de todo el mundo”, detalló Cordero.
La labor del Ejecutivo
También se remitió un oficio al Consejo de Defensa del Estado, ya que en algunos casos podrían existir delitos funcionarios. Cordero aseguró que “el Ejecutivo, por instrucción del Presidente, no solamente está preparado, sino que está plenamente dispuesto a declarar en esa investigación”.
El subsecretario enfatizó que “el Presidente ha pedido total transparencia” y que cualquier funcionario que pueda ser útil como testigo debe estar disponible para el Ministerio Público.
En este sentido, Cordero sostuvo que la colaboración del Gobierno en la investigación fortalece las instituciones: “se fortalece las instituciones cuando es el propio Presidente de la República el que dice que está disponible a prestar toda la colaboración”.
Respecto a la posible filtración de pruebas, Cordero comentó que el Ejecutivo solo conocía antecedentes relacionados con la custodia de imágenes de cámaras, la cual estaba resguardada según la respuesta de la Policía de Investigaciones (PDI). “Respecto a los demás antecedentes que se han allegado a la investigación, el Ejecutivo las desconoce”, concluyó.