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FOTOS. Megaoperativo en Maipú: confirman detención de 31 personas, entre ellos un exfuncionario del Ministerio Público

El sujeto, un abogado que realizó su práctica en la Fiscalía, habría brindado asesoría legal a uno de los investigados.

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Foto: PDI

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En un amplio operativo realizado la mañana de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó 60 allanamientos en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, como parte de la denominada “Operación Reconquista”.

Concretamente, la acción, que se centró en la Villa San Luis, derivó en la detención de 31 personas y en la incautación de armas, drogas y vehículos.

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El operativo, respaldado por una investigación de 18 meses liderada por la Fiscalía de Focos Occidente, incluyó el despliegue de más de 400 efectivos policiales, quienes fueron apoyados por 135 vehículos, entre ellos una retroexcavadora y un camión blindado, así como por la supervisión de cuatro fiscales en el sitio. En total, se allanaron 55 domicilios en búsqueda de evidencia.

Entre las incautaciones, la PDI reportó el decomiso de más de 3 kilos de droga, siete armas de fuego y tres vehículos.

Un exfuncionario de Fiscalía

Además, la Fiscalía destacó la presencia de un exfuncionario y abogado suplente del Ministerio Público entre los detenidos, quien habría prestado asesoría a una de las personas investigadas.

El Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, indicó que “entre los detenidos se encuentra una persona de profesión abogado, quien realizó su práctica profesional en un momento determinado en la Fiscalía, y que en las diversas escuchas telefónicas logramos determinar que mantenía contacto con uno de los blancos investigativos”.

En esa línea, Pastén detalló que el detenido “prestó algún tipo de asesoría de cómo debía enfrentar un posible allanamiento a su domicilio. Nosotros logramos la detención de esta persona que, en el día de hoy, pasa a la Audiencia de Control de Detención”.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que “es un tema que ciertamente vamos a mirar con atención y si es necesario tomar medidas, legislar para generar un estatuto más estricto respecto a los practicantes, establecer responsabilidades más precisas en relación a la información que manejan y su participación en instituciones que están a cargo de la persecución penal”.

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