Tras su destitución: organizaciones de DD. HH. presentan recurso a favor del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz

Este jueves, 13 organizaciones de derechos humanos interpusieron un nuevo recurso en defensa del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien fue destituido tras una acusación constitucional.

La acción legal fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y busca impugnar la fusión de su acusación con la de la jueza Ángela Vivanco, alegando que ambos casos son inconexos y responden a hechos distintos, recogió La Tercera.

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El texto legal presentado por los abogados Karinna Fernández, Alberto Espinoza, Boris Paredes y Adil Brkovic, señala que la Cámara de Diputados y Diputadas actuó “de manera arbitraria e ilegal” al tramitar una acusación constitucional colectiva en contra de Muñoz y Vivanco, cuando las situaciones que los involucraban no guardaban relación alguna.

“El acto es ilegal además porque desconoció un derecho indubitado en un estado democrático de derecho, cual es que se haga efectiva la responsabilidad de una persona por los hechos que caben dentro de la órbita de su dominio y no por los hechos cometidos por otra persona”, detalla el recurso, según el citado medio.

La acusación contra Sergio Muñoz se basa en dos hechos: la presunta filtración de un fallo a su hija, la jueza Graciel Muñoz, lo que habría influido en la desistencia de una millonaria compra inmobiliaria, y su falta de alerta sobre la dirección de audiencias que su hija realizaba desde Italia, fuera de su jurisdicción.

En tanto, la defensa del exministro argumenta que la votación conjunta de su acusación con la de Vivanco, aprobada por la Cámara el 9 de octubre de 2024, violó el derecho al debido proceso. “La Cámara de Diputados incurrió en un acto arbitrario e ilegal al rechazar la cuestión previa de inconstitucionalidad del libelo acusatorio alegada por la defensa”, afirman los abogados en el recurso.

Finalmente, el recurso hace un llamado a restablecer el “imperio del derecho” y declarar improcedente la fusión de ambas acusaciones. Se sostiene que esta acción “desconoce los estándares internacionales en materia de debido proceso”, apelando a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.