Caso Monsalve: Interior solicita intervención del CDE ante “potencial ejercicio indebido de funciones”

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública envió este jueves un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitando que evalúe tomar acciones legales relacionadas con el caso que investiga la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte sobre posibles delitos cometidos por el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en su calidad de funcionario público.

De acuerdo a un comunicado de la cartera, la ministra Carolina Tohá afirmó que este paso es parte del compromiso del Gobierno con la transparencia y el correcto ejercicio de las funciones públicas.

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“Hemos oficiado al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe las acciones que correspondan vinculadas al potencial ejercicio indebido de funciones públicas”, explicó la titular del Interior, en referencia a las acusaciones que se investigan.

Este oficio se suma a la solicitud que el Ministerio del Interior presentó a la Contraloría General de la República para que se haga cargo del sumario administrativo iniciado por la propia cartera la semana pasada. “El día de ayer solicitamos a la Contraloría que se haga cargo de la tramitación del sumario administrativo que ordené instruir la semana pasada”, añadió la ministra Tohá.

El objetivo de la solicitud

Con este oficio, el CDE analizará los antecedentes que reciba del Ministerio Público y determinará si existen elementos suficientes para ejercer acciones legales, conforme a sus facultades y a lo que establece su Ley Orgánica.

Por su parte, la oposición también ha tomado medidas en relación con este caso. Las directivas de Chile Vamos ingresaron un escrito a la Contraloría General, solicitando que se investigue de manera exhaustiva el caso Monsalve.

La coalición opositora ha criticado fuertemente la falta de medidas internas por parte del Gobierno y ha exigido una investigación profunda que abarque no solo al Ministerio del Interior, sino también a la Policía de Investigaciones y el posible uso indebido de recursos públicos, incluyendo el uso de cámaras de seguridad y aviones.