México reduce la edad para que adultos mayores accedan a pensiones
Además, la iniciativa hace responsable al gobierno mexicano de garantizar la entrega de apoyos a campesinos, productores y pescadores a pequeña escala,
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La Cámara de Diputados de México aprobó en general una reforma que reduce la edad para acceder a la pensión para adultos mayores, pasando esta de los 68 a los 65 años, y elevó a rango constitucional programas sociales creados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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Las propuestas, que buscan beneficiar a un mayor número de mexicanos con recursos económicos, fueron respaldadas por unanimidad de 483 diputados en el recinto legislativo de San Lázaro en la capital mexicana.
El dictamen no solo implica la reducción de la edad para las pensiones de adultos mayores, sino que también eleva a rango constitucional programas como la pensión para personas con discapacidad permanente, el programa Sembrando Vida, entre apoyos a productores, pescadores y campesinos.
La modificación establece que el Estado mexicano destinará cada año los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos que impliquen la transferencia de recursos directos para la población.
Apoyo a campesinos, productores y pescadores
La iniciativa indica que el monto de estos programas no podrá ser disminuido en términos reales, al tiempo que hace responsable al gobierno mexicano de garantizar la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies que requieran ser procesada.
También establece un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, a pescadores de pequeña escala; y precios garantizados para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.
Por su parte, se admitió una modificación para establecer que todos los mexicanos tienen derecho a disfrutar de vivienda adecuada y se agregó a los artículos transitorios que el Congreso mexicano dispondrá de un plazo de 180 días a partir de la publicación del decreto para armonizar la legislación secundaria en la materia.