ADN Hoy. Ministro Gajardo y construcción de cárceles en Chile: “Se requiere que los intereses nacionales primen sobre los de las comunidades locales”
El titular de Justicia afirmó en ADN Hoy que “actualmente, la ocupación ha superado el 130%, lo que representa un aumento sin precedentes”.
Agencia Uno / Miguel Moya
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, conversó esta mañana con ADN Hoy sobre los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario en el país. Gajardo destacó que el gobierno trabaja continuamente en la mejora de este sector, subrayando la importancia de aprobar el presupuesto del Ministerio de Justicia para el próximo año.
“Hoy por la tarde se definirá el presupuesto del Ministerio de Justicia para el año próximo”, señaló Gajardo. “Nuestro presupuesto aumentará en un 3,8%, lo que representa más recursos que los del año anterior. Este incremento se centrará en dos áreas principales: la infraestructura y la seguridad penitenciaria, así como en un nuevo servicio de reinserción social juvenil”.
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En ese contexto, Gajardo reveló que, al asumir el gobierno, el sistema penitenciario presentaba una ocupación del 97,3%. Sin embargo, aseguró que “actualmente, la ocupación ha superado el 130%, lo que representa un aumento sin precedentes en el número de personas privadas de libertad. El desafío no solo es generar los cupos necesarios para evitar la sobrepoblación, sino también informar a la ciudadanía sobre las implicancias de esta situación”.
El ministro explicó que “un sistema sobrepoblado dificulta la segregación de internos, lo que puede llevar a la contaminación criminógena, donde personas con bajo compromiso delictual se ven influenciadas por aquellos con un historial delictual más severo. Esto aumenta la conflictividad dentro de las cárceles y complica los esfuerzos por la reinserción social”.
Además, abordó un tema que señaló como crucial, que fue la presencia de bandas de crimen organizado en el sistema penitenciario. “Hoy tenemos presencia de líderes, de los principales líderes de bandas de crimen organizado al interior de nuestros establecimientos penitenciarios. La buena noticia es que están presos, en el fondo. Y para eso, el gobierno está trabajando fuertemente desde el once de marzo del año dos mil veintidós. Tenemos una política nacional contra el crimen organizado, dentro de la cual está el sistema penitenciario como uno de sus ejes”, dijo.
“Acciones concretas”
En esa línea, el ministro anunció que se han duplicado las plazas para enfrentar el crimen organizado en módulos de alta y máxima seguridad. Además, se ha comenzado a implementar un sistema de inhibición de la telefonía celular para frenar las comunicaciones desde el interior de las cárceles.
“Actualmente, tenemos un 20% de cobertura en tres establecimientos penitenciarios en la Región Metropolitana: Santiago Uno, la expenitenciaría y la cárcel de alta y máxima seguridad”, indicó.
“En el presupuesto del próximo año, que, de hecho, hoy día en la tarde tenemos la comisión mixta de presupuesto, vamos a incorporar nueve establecimientos más en una licitación que ya está en curso y que tiene oferentes. O sea, ese veinte por ciento de cobertura se debe a que la licitación es eso y que el presupuesto hasta acá alcanza para eso”, comentó. “Estamos pasando de tener un 0% de inhibición a un 50% en tres años. Estas son acciones concretas”, añadió.
Sobre la implementación de este sistema, Gajardo explicó que es costoso y no todos los establecimientos penitenciarios tienen el mismo nivel de complejidad. “Es necesario priorizar, ya que no es eficiente aplicar este tipo de políticas en lugares donde no se requiere”, añadió.
El ministro también se refirió a la polémica en torno a la cárcel de alta seguridad en Santiago, en respuesta a las críticas de la alcaldesa Irací Hassler, donde afirmó que “las políticas penitenciarias deben ser políticas de Estado, y hemos contado con la colaboración del Congreso para aprobar leyes que nos permitan avanzar, como la ley que prohíbe el ingreso y la tenencia de teléfonos celulares en las cárceles”.
“La única manera de que un país gestione adecuadamente un sistema penitenciario es que sea una política de Estado. Y para eso se requiere que los intereses nacionales primen sobre los intereses de las comunidades locales”, cerró.
