En un punto de prensa en La Moneda, la secretaria de Estado enfatizó el compromiso del gobierno con la lucha contra la violencia sexual y llamó a respetar la privacidad de la denunciante.
“El apoyo al combate de la violencia sexual ha sido un pilar de nuestro trabajo”, destacó la ministra Orellana, recordando que desde 2022 se han implementado unidades clínico-forenses en hospitales regionales para apoyar la labor investigativa y que se incluyeron las agresiones sexuales agudas en las garantías explícitas de salud (GES).
Además, subrayó la promulgación de la Ley Antonia, que amplía el plazo para denunciar delitos sexuales a 10 años y establece garantías procesales para las víctimas, como la toma temprana de testimonio y la protección de su identidad.
Un llamado al respeto de los derechos
La ministra Orellana también se refirió a la importancia de respetar los derechos de las personas que denuncian estos delitos. “Queremos recordar que los delitos sexuales son probablemente los más difíciles de denunciar dentro de nuestro Código Penal. Es crucial que las víctimas cuenten con garantías para que no sientan que son ellas las acusadas”, señaló.
En esa línea, la titular de la Mujer reiteró que, aunque el caso tiene relevancia pública, “no se puede pasar por encima de los derechos fundamentales de la denunciante”, y llamó a los medios a respetar su privacidad y honra.
Finalmente, la ministra Orellana subrayó que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género está preparado para brindar el apoyo necesario, coordinándose con la Fiscalía Centro-Norte y la Unidad de Atención a Víctimas. “Nosotras no distinguimos sectores políticos; trabajamos para garantizar un juicio justo para todas las víctimas”, concluyó la ministra.
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