“Puso a disposición su infraestructura y profesionales”: USS defiende convenios suscritos con gobierno de Sebastián Piñera durante la pandemia

La Universidad San Sebastián (USS) defendió los convenios alcanzados con el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, que comprometió pagos de hasta $3.500 millones de pesos por servicios prestados, en gran parte, a organismos dependientes del Ministerio de Salud (Minsal), en el contexto de la pandemia de COVID-19. La universidad reaccionó ante un reportaje de Ciper Chile que reveló que el Minsal fue la segunda entidad pública que más acuerdos firmó con la USS, después del Ministerio de Educación.

En un comunicado, la USS desmintió de manera categórica cualquier irregularidad en la prestación de servicios durante la pandemia. “Desde el inicio de la pandemia, la Universidad San Sebastián, al igual que otras instituciones, puso a disposición de las autoridades su infraestructura y profesionales para apoyar a la población en medio de la crisis sanitaria”, indicó la universidad, recordando que el país estaba bajo un estado de excepción constitucional de catástrofe y alerta sanitaria, lo que permitió agilizar los procesos.

La USS explicó que todos los convenios se realizaron dentro del marco de la ley de compras públicas, a través de procesos de trato directo, tal como lo establece la normativa. La universidad fue seleccionada como proveedor para el procesamiento de exámenes PCR y otras tareas, asegurando que los contratos se formalizaron claramente, detallando plazos, cantidades y precios acordados.

El Ministerio de Salud, durante el periodo de la pandemia, estaba bajo la dirección de Enrique Paris, con Arturo Zúñiga como subsecretario de Redes Asistenciales. Ambos exfuncionarios, tras finalizar el gobierno, se unieron a la USS en cargos de relevancia. No obstante, la universidad subrayó que numerosas instituciones académicas colaboraron en el procesamiento de exámenes para apoyar al sistema público de salud en ese momento.

Precios fijados

Además, la USS señaló que los precios fijados para los exámenes PCR eran acordes a los volúmenes demandados por el Estado y, en algunos casos, fueron incluso menores a los cobrados por otras instituciones, enfatizando que todo se realizó bajo un contrato formal que cumplía con la legislación vigente.

Este comunicado reafirma la posición de la USS frente a las acusaciones, destacando que su contribución fue en respuesta a una crisis sanitaria sin precedentes y que se cumplió estrictamente con los procedimientos legales para garantizar la transparencia en la adjudicación de servicios públicos.