Trabajadores del Ministerio Público exigen que Valencia se aparte del caso Audio tras revelar contactos con Hermosilla y Chadwick

Santiago

Dos asociaciones de funcionarios del Ministerio Público han solicitado que el fiscal nacional, Ángel Valencia, se inhabilite del Caso Audio, tras revelarse que mantuvo conversaciones y encuentros con personas vinculadas a la investigación, como el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

La petición, presentada a través de una carta dirigida al Consejo de Fiscales, busca asegurar la “transparencia” del proceso.

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La Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte (Affremcen) y la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público de la Región de O’Higgins destacaron en la carta la necesidad de que Valencia se aparte del caso para “dar señales claras de transparencia”.

Los funcionarios señalaron que es “inaceptable que relaciones previas con investigados e imputados comprometan la credibilidad de nuestras investigaciones y la reputación de la institución”.

El inicio de la controversia

La controversia surgió luego de que Valencia reconociera haber intercambiado mensajes de WhatsApp con Hermosilla en junio de 2022, antes de postular al cargo de fiscal nacional. Además, admitió haberse reunido con Hermosilla y Chadwick tras asumir en la Fiscalía, aunque indicó que estos encuentros fueron por motivos personales.

Frente a las críticas por no haber informado de estos contactos previamente, el Senado pidió formalmente a Valencia y a la Fiscalía Nacional que se entregaran detalles sobre dichas comunicaciones.

Los funcionarios recalcaron en la carta que “es necesario posicionar la transparencia, la ética y la probidad como ejes centrales del actuar del Ministerio Público” y exigieron que cualquier persona con vínculos cercanos a los involucrados en las investigaciones se inhabilite.

También solicitaron que, si Valencia no se aparta voluntariamente, “los fiscales regionales sean quienes soliciten la inhabilidad”, citando los artículos 55 N°1 y 59 de la ley orgánica del Ministerio Público.

El pedido de inhabilitación, según los funcionarios, es un acto que busca reafirmar el “compromiso con la probidad” dentro de la institución.