Cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación: presentan querella contra exfiscal Guerra y abogado Hermosilla por rol en el Caso Penta
Los querellantes argumentan que la supresión en los casos no fue por falta de pruebas, sino para excluir a los querellantes del proceso y facilitar las salidas alternativas de los imputados.
Agencia UNO | Luis Hermosilla y Manuel Guerra
Mauricio Daza y María Inés Horvitz, querellantes en el Caso Penta, presentaron una querella contra el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, acusándolos de corrupción en la investigación sobre financiamiento ilegal de la política. La querella se basa en revelaciones recientes de conversaciones entre Guerra y Hermosilla, en las que discuten detalles del caso Penta, incluyendo decisiones que afectaron a figuras como el senador Iván Moreira y los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín.
Las conversaciones, obtenidas a partir de mayo de 2016, muestran que Guerra informaba a Hermosilla sobre los avances de los casos que involucraban a políticos de la UDI, partido con el que Hermosilla tenía vínculos cercanos. En particular, se revela cómo Guerra se hizo cargo de las “causas VIP” del caso, las cuales terminaron con salidas alternativas para varios de los acusados, como Moreira y los dueños de Penta, quienes evitaron penas graves.
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La querella acusa a Guerra de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, mientras que a Hermosilla se le acusa de soborno. Daza, en su rol como representante de la Fundación Ciudadano Inteligente en el Caso Penta, y Horvitz, exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, han señalado que la acción también apunta a quienes resulten responsables como cómplices o encubridores.
En el documento, los querellantes subrayan que, bajo la dirección de Guerra, se suprimieron cargos de cohecho y soborno contra los principales acusados, como Délano y Lavín, a pesar de que había pruebas suficientes para sustentar dichas imputaciones. Esto permitió que los acusados evitaran sanciones mayores, terminando con penas leves como la realización de clases de ética.
Los querellantes argumentan que esta supresión no fue por falta de pruebas, sino para excluir a los querellantes del proceso y facilitar las salidas alternativas de los imputados. La querella es un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia en torno a uno de los casos más emblemáticos de corrupción política en Chile.