La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora sobre los recursos públicos destinados a universidades privadas, tras el revelador sueldo de $17 millones brutos que percibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS) por impartir clases.
La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Santana (PS), busca esclarecer si estos fondos estatales fueron utilizados para financiar la remuneración de Cubillos.
En la solicitud, Santana enfatiza que la USS recibe recursos públicos, “destinados a sostener en parte su proyecto educativo”, lo que plantea la interrogante sobre el cumplimiento de las leyes vigentes, particularmente en lo relacionado con la “prohibición del lucro en la educación”.
Además, se destaca que es “especialmente relevante fiscalizar los actos de aquellas instituciones educativas gubernamentales que históricamente participaron en el proceso que permitió el actual funcionamiento de la Universidad San Sebastián”.
La creación de la comisión recibió el respaldo de 62 votos favorables, incluidos los de la oposición, reflejando un amplio consenso sobre la necesidad de investigar el uso de recursos estatales en el ámbito educativo privado.
Sin embargo, esta iniciativa podría suponer un desafío para el Ministerio de Educación, ya que las comisiones investigadoras solo pueden supervisar “determinados actos del gobierno” y carecen de competencia sobre las instituciones privadas, cuyas posibles responsabilidades deberán ser tratadas por vías penales.
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