ADN Hoy. “Es el delito financiero más grave”: exintegrante de la Fiscalía Nacional Económica explica denuncia por colusión en libre competencia contra casinos

Durante la mañana de este lunes, Gonzalo Escobar, exintegrante de la Fiscalía Nacional Económica y académico de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, abordó en ADN Hoy la denuncia presentada por la Superintendencia de Casinos de Juegos contra los casinos Enjoy, Dreams y Marina del Sol.

Esta denuncia, que involucra colusión en 14 plazas de casinos en Chile durante 2020 y 2021, está actualmente en proceso de investigación. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a las empresas concesionarias de los casinos Dreams y Enjoy de incurrir en prácticas de colusión durante las licitaciones de concesiones.

Según la FNE, estas compañías habrían acordado no competir entre sí, lo que les permitió adjudicarse contratos a precios bajos. Esta situación, tal como denuncian, afectó la libre competencia y generó un perjuicio económico en los municipios donde operan.

La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y, de comprobarse los hechos, el caso podría resultar en sanciones civiles y penales, ya que estas prácticas vulneran las normativas de libre mercado y podrían constituir delitos económicos.

“Son el delito económico más grave”

En ese contexto, Escobar subrayó la gravedad de estas acciones y afirmó que “los casos de colusión en una economía de mercado son el delito económico más grave que se puede cometer. Tienen razón al considerarlo así, porque perjudican a los consumidores, perjudican al Estado y, por lo tanto, el bienestar de la sociedad tiende a disminuir”.

Además, Escobar destacó la relevancia de este caso, que se presenta bajo la reciente modificación del decreto ley 211, lo que podría conllevar penas de prisión para los ejecutivos involucrados. “Hasta antes de la modificación, por ley había un techo máximo. Estábamos hablando, dependiendo del tipo de cambio, de 20 a 25 millones de dólares como máximo. Ese fue el caso, por ejemplo, del pollo, que era de por ahí del 2008, y no había pena de cárcel”, explicó.

“Después de varios casos de colusión, la multa ahora viene en función de un porcentaje del daño causado. Por lo tanto, ya no hay un techo máximo, en el fondo, es hasta el 30% del daño causado. Además, también es muy factible que alguien solicite penas de cárcel para los ejecutivos involucrados, aunque eso puede venir después”, explicó.

Escobar añadió que, a diferencia de casos anteriores, como el de la colusión de los pollos, en esta situación “las multas están en relación con lo que el Estado y los municipios van a dejar de percibir por todo el periodo de los próximos quince años.” Asimismo, enfatizó que “los involucrados, que son el Estado y los municipios, son quienes reciben estas anualidades que se comprometen a pagar los casinos. Por lo tanto, están en manos de ellos la decisión de qué medidas concretas tomar”.

Al reflexionar sobre el impacto de los casinos, Escobar argumentó que “un casino no solo te da las opciones de asistir a salas de juego. Un casino tiene además restaurantes, conciertos, hoteles. Por lo tanto, ya no solo vas a un casino como antiguamente, donde solo jugabas a la ruleta”.

En esa línea, enfatizó en que “ya no solo es una sala de juegos. Es fundamental entender que aquí hay una afectación directa a los consumidores. La manera en que se organizan estos juegos de azar y cómo las empresas operan en este espacio tiene un impacto real en las experiencias de los consumidores, que, al final del día, son los que sufren las consecuencias de estas prácticas”.

“Eso no se está dando como debería”

En términos de no competencia, Escobar subrayó que no es sano, debido a que “si existen esas competencias, se asume que perduran en el mercado las empresas que son más eficientes. Esto significa que, al ser más eficientes, deberíamos ver un menor costo en la producción de sus servicios, y, por ende, esto se debería traducir en precios más bajos para los consumidores.”

Sin embargo, aseguró que —en esta situación—, “eso no se está dando como debería”.

Finalmente, el académico indicó que ha habido una falta de transparencia en cómo se llevan a cabo estas licitaciones, lo cual “es preocupante porque socava la confianza del público y de los inversores en el sistema”.

“Y eso sucede en todos los tipos de licitaciones que hemos visto y que han existido; es decir, ha habido acuerdos en varias ocasiones que han limitado la verdadera competencia. Esto indica que hay una falta de transparencia en cómo se llevan a cabo estas licitaciones, lo cual es preocupante”.

“Una vez más, aquí opera como un desencadenante de la acción de la Fiscalía Nacional Económica la autodenuncia de uno de los involucrados en la colusión, en este caso, la cadena marina del sol. Esto es un aspecto crucial que debemos tener en cuenta al analizar estos casos, ya que la autodenuncia puede ser vista como un intento de limpiar la imagen de la empresa o de desviar la atención de su participación en prácticas anticompetitivas”, cerró.