La defensa de la jueza Ángela Vivanco ha decidido recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la percepción de que ni el cuaderno de remoción abierto en la Corte Suprema ni las dos acusaciones constitucionales que enfrenta en el Congreso ofrecen garantías de ecuanimidad ni un trato justo. Esta decisión refleja la estrategia de Vivanco frente a un panorama judicial adverso, que ya incluye su suspensión por parte del máximo tribunal.

Los abogados de Vivanco, Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, indicaron que ambas acusaciones constitucionales presentan problemas tanto de forma como de fondo. Según el escrito de defensa, las acusaciones tienen un “grave error”, ya que el número de diputados que firmaron el libelo supera lo permitido por la ley, la cual establece que deben ser no menos de 10 ni más de 20 diputados quienes firmen la acusación. Este error podría invalidar el proceso en su contra.

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Además, la defensa argumenta que la acusación vulnera los estándares de imparcialidad al no garantizar un juicio justo. De hecho, solicitaron la inhabilitación de 62 parlamentarios que habrían emitido opiniones sobre el caso sin conocer en profundidad los antecedentes, lo cual, según la defensa, contraviene el artículo 346 de la Cámara de Diputados, que regula los deberes de los legisladores.

Uno de los puntos más controvertidos de la defensa de Vivanco es la acusación de que varios ministros de la Corte Suprema que participarán en el plenario ya habrían emitido opiniones en su contra. Entre ellos, destacan los nombres de los jueces Gloria Ana Chevesich, Soledad Melo y Nelson Pozo, quienes están involucrados en la revisión del caso de Vivanco. Según la defensa, esta situación compromete la imparcialidad del proceso, sobre todo porque en los chats de Luis Hermosilla, abogado vinculado a Vivanco y hoy en prisión preventiva, se menciona al ministro Nelson Pozo en una conversación donde Hermosilla afirma que “todo quedó absolutamente claro” tras hablar con él.

Vivanco está en la mira de la Suprema y del Congreso por su presunta intervención en la designación del Fiscal Nacional y de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y Concón, además de su supuesta participación en irregularidades vinculadas a la tramitación de la causa del consorcio Belaz Movitec con Codelco. Estas acusaciones, dadas a conocer a través de los chats con Hermosilla, incluyen la intromisión en la designación de ministros de cortes, la entrega de información confidencial sobre causas relacionadas con miembros de Carabineros y las Fuerzas Armadas, y recomendaciones procesales para beneficiar los intereses de Hermosilla.

Recurrir a la CIDH

Pese a que Vivanco solo puede recurrir a la CIDH una vez que haya agotado todos los recursos en Chile, su defensa parece convencida de que el proceso judicial en su contra no tendrá un desenlace favorable en la Corte Suprema, la Cámara de Diputados o el Senado. Todo indica que la jueza se prepara para defenderse ante tribunales internacionales, argumentando violaciones a sus derechos fundamentales, asegura ExAnte.

Mientras tanto, la magistrada ha pasado a la ofensiva. El pasado jueves, presentó su defensa en el cuaderno de remoción abierto en su contra, en el cual la Suprema solicitó informes sobre seis puntos clave: desde la interferencia en nombramientos hasta la intromisión en la tramitación de causas judiciales y su coordinación con Hermosilla para influir en las designaciones de miembros del tribunal.

En este contexto, Vivanco busca no solo defender su permanencia en el poder judicial, sino también desmontar lo que su equipo legal considera como un procedimiento lleno de irregularidades, tanto en el ámbito nacional como en el Congreso. La posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue siendo su carta principal, si todos los intentos locales fallan.