Desde pruebas ilegales a violación del debido proceso: los principales argumentos de la defensa de Ángela Vivanco por su acusación constitucional

Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, enfrenta paralelamente una acusación constitucional en la Cámara de Diputados y un cuaderno de remoción abierto por el máximo tribunal. Ambos procesos surgieron a raíz de sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva en el marco del caso “Audio”.

Vivanco está bajo escrutinio por presuntamente haber intercedido en favor de algunas de las partes en fallos judiciales, intervenir en el nombramiento del fiscal nacional y concertar con Hermosilla designaciones en tribunales.

El contexto de estas acusaciones ha generado una fuerte reacción en el Congreso, donde la bancada oficialista y la Democracia Cristiana ingresaron la acusación constitucional, la cual fue respaldada por Chile Vamos. La ministra del principal tribunal del país presentó su defensa formal durante la mañana de este viernes ante la comisión revisora, que emitirá su informe final hacia la tercera semana de octubre.

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Ante estos hechos, la defensa de Vivanco presentó siete puntos principales que buscan desestimar las acusaciones en su contra:

Procedimiento precipitado: La defensa sostiene que la remoción fue llevada a cabo de manera apresurada, sin seguir los protocolos establecidos y sin respetar el debido proceso. Afirman que el Tribunal Pleno de la Corte Suprema tiene una jurisprudencia clara respecto a cómo debe ejecutarse un procedimiento de este tipo, la cual no fue observada.

Violación al debido proceso: Vivanco argumenta que se han violado sus derechos a una defensa justa. Señala que no tuvo acceso a ciertos documentos y que algunos testigos no fueron identificados adecuadamente, como en el caso de las declaraciones que cuestionan su participación en nombramientos. Además, destaca que la Comisión de Ética utilizó pruebas sin firmas, lo que socava la transparencia del proceso.

Uso de pruebas ilícitas: Un eje fundamental de su defensa es que se han utilizado pruebas obtenidas de manera ilícita, particularmente conversaciones de WhatsApp que fueron filtradas desde el Ministerio Público. Vivanco y su equipo de defensa consideran que estas pruebas no pueden ser válidas y que el uso de las mismas es un atropello a sus derechos.

Prescripción de los cargos: Se argumenta que varios de los cargos presentados en su contra ya habrían prescrito conforme a la ley. La defensa afirma que no se ha iniciado ningún procedimiento disciplinario formal que pudiera interrumpir esta prescripción, por lo que estas acusaciones no deberían ser consideradas en el actual proceso de remoción.

Ausencia de interferencias: La ministra ha negado rotundamente cualquier tipo de interferencia en la designación del fiscal nacional o en los nombramientos de los conservadores de bienes raíces en Viña del Mar y Concón. De hecho, presentó documentación y declaraciones de las personas involucradas, incluyendo fiscales y conservadores, que respaldan la falta de intervención por su parte.

Celeridad procesal justificada: Respecto a las acusaciones de manejo irregular de ciertas causas, Vivanco justifica que la rapidez en algunos procesos judiciales responde a procedimientos habituales en temas similares. Asegura que otros ministros de la Corte Suprema participaron en las decisiones cuestionadas, lo que desmiente una acción unilateral de su parte.

Falta de imparcialidad en el tribunal: Finalmente, la defensa plantea dudas sobre la imparcialidad de algunos ministros que participan en el cuaderno de remoción. Se señala que ciertos jueces tienen relaciones directas con los hechos investigados, lo que podría afectar su objetividad en el caso.