La Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado la resolución emitida por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que condena a la sucesión de Augusto Pinochet Ugarte a pagar una deuda de más de 234 millones de pesos por diferencias en el Impuesto de Primera Categoría e Impuesto Global Complementario, correspondientes al año tributario 1999. La sentencia también incluye el pago de $1.854.352 en concepto de costas, lo que eleva la suma total a $235.919.987.

El fallo responde a un recurso presentado por la familia del exdictador, que buscaba anular las liquidaciones Nros. 979 y 980 emitidas por el SII en julio de 2005. Estas liquidaciones fueron emitidas tras una investigación que determinó que Pinochet había realizado importantes inversiones y gastos sin acreditar el origen de los fondos utilizados. La Corte concluyó que los ingresos declarados no eran suficientes para cubrir el total de los desembolsos efectuados, tanto en Chile como en el extranjero.

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Uno de los puntos clave del fallo es la aplicación de la presunción de renta, establecida en el artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esta presunción se activa cuando un contribuyente no puede demostrar el origen de los fondos utilizados en inversiones, gastos o desembolsos. En este caso, la Corte determinó que Pinochet no pudo probar que los fondos utilizados habían sido debidamente gravados o que provenían de rentas exentas, lo que justificó la liquidación de impuestos adicionales.

El fallo también abordó los intentos de la defensa por justificar los fondos a través de la existencia de cuentas bancarias en el extranjero, como las mantenidas en el Banco de Chile en Nueva York y en el Banco Riggs en Londres. Sin embargo, la Corte señaló que la mera existencia de fondos en estas cuentas no acreditaba el origen de los mismos desde una perspectiva tributaria, lo que fue determinante en la decisión final.

La familia Pinochet, a través de su defensa, también argumentó que el fallo vulneraba su derecho al debido proceso, argumentando que no se les había dado oportunidad para defenderse adecuadamente ni presentar pruebas suficientes. No obstante, la Corte desestimó esta alegación, afirmando que el proceso judicial se había llevado a cabo respetando todas las garantías constitucionales, incluyendo el principio de la bilateralidad de la audiencia.

Fidecomiso ilegítimo

Otro punto que fue discutido durante el proceso fue la supuesta existencia de sociedades extranjeras como Trilateral International Trading y Santa Lucía Trust, que habrían actuado como fideicomisos para manejar los fondos de Pinochet. Sin embargo, la Corte concluyó que no se acreditó la existencia de un fideicomiso legítimo que justificara el uso de esos fondos, lo que reforzó la decisión de aplicar la presunción de renta.

Finalmente, la sentencia también confirmó la condena en costas a la familia Pinochet, que deberá pagar un adicional de $1.854.352, equivalente al 2% de los tributos reclamados. Este monto se suma a la deuda original, elevando el total a casi 236 millones de pesos. La Corte consideró que no había motivo plausible para eximir a la familia de este pago, como había sido solicitado por la defensa.

Con esta resolución, se cierra un capítulo más en los procesos judiciales relacionados con la fortuna de Augusto Pinochet, en los que tanto la justicia chilena como organismos internacionales han investigado el origen de sus fondos y las responsabilidades tributarias asociadas.