Estado deberá pagar alrededor de $3.000 millones a Parroquia de la Asunción tras saqueo e incendios durante el estallido social
La jueza a cargo, Lorena Cajas, estimó que no se tomaron las medidas adecuadas y que las fuerzas policiales “no lograron cumplir con esta tarea”.
Estado deberá pagar alrededor de $3.000 millones a Parroquia de la Asunción tras saqueo e incendios durante el estallido social / Jose Francisco Zuniga Urbina
Santiago
El 22° Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización cercana a $3.000 millones a la Parroquia de La Asunción, tras determinar que hubo negligencia en la protección del templo, que fue saqueado en 2019 y destruido por un incendio en 2020 durante las protestas del estallido social.
El tribunal concluyó que el Estado no tomó las medidas adecuadas para resguardar este inmueble patrimonial, ubicado cerca de Plaza Baquedano, epicentro de las manifestaciones.
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El ataque incendiario que destruyó la parroquia ocurrió el 18 de octubre de 2020, en el primer aniversario de las protestas de 2019. En esa ocasión, la cúpula del templo, construido en 1876, cayó tras ser consumida por las llamas.
Según el testimonio del teniente coronel Gerardo Bascur, encargado de la 40° Comisaría de Carabineros, las fuerzas policiales no pudieron intervenir a tiempo debido a la presencia de manifestantes violentos.
Fallo decisivo y ejemplar
La jueza Lorena Cajas Villarroel, responsable del fallo, señaló que “era Carabineros de Chile quien debía proteger no solo la conservación de este inmueble histórico, sino también la vida de quienes se encontraban en ese lugar”, consigna La Tercera.
Sin embargo, destacó que las fuerzas policiales “no lograron cumplir con esta tarea”, y en varias ocasiones tuvieron que replegarse.
En su resolución, la magistrada cuestionó la capacidad del Estado para hacer frente a este tipo de situaciones, argumentando que “si Carabineros no puede actuar ante manifestaciones masivas, surge la pregunta de quién puede garantizar la protección que la ley promete”.
Aunque reconoció los esfuerzos del Estado para mantener el orden en un contexto excepcional, concluyó que las medidas fueron insuficientes para prevenir los daños sufridos.
Finalmente, el tribunal determinó que el Estado incurrió en una “falta de servicio” y, en consecuencia, lo condenó a indemnizar a la parroquia por los perjuicios sufridos, tanto por el saqueo de 2019 como por la destrucción total en 2020.
