Contraloría solicita informe a Superintendencia y a la Subsecretaría de Educación Superior por transferencias a la USS tras denuncia oficialista
Esta medida surge tras una acusación presentada por diputados, quienes cuestionan la legalidad de varios contratos entre la casa de estudios y el Mineduc durante la administración de la cartera por parte de Marcela Cubillos.
Agencia Uno
La Contraloría General de la República solicitó este lunes informes a la Superintendencia y a la Subsecretaría de Educación Superior para indagar sobre la transferencia de fondos públicos a la Universidad San Sebastián (USS).
Esta medida surge tras una denuncia presentada por diputados oficialistas, quienes cuestionan la legalidad de varios contratos entre la USS y el Ministerio de Educación (Mineduc) durante el periodo en que Marcela Cubillos ocupaba la titularidad de la cartera.
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Los parlamentarios piden que se investiguen tres contratos clave. Uno de ellos involucra un acuerdo entre el Centro de Perfeccionamiento Educacional Experimental y la USS para la capacitación de directores y mentores. Otro contrato cuestionado es el que permitió la creación de un instrumento de evaluación para docentes de educación diferencial, realizado a través de trato directo. El tercero está relacionado con una licitación para la elaboración de textos escolares, también adjudicada a la USS.
El contexto de esta acción incluye el alto sueldo que la exministra Cubillos percibió como docente de la universidad, lo que ha generado suspicacias sobre posibles conflictos de interés. Según una investigación de Ciper, entre 2018 y 2020, la casa de estudios recibió $1.479 millones en transferencias desde el Mineduc.
El diputado Juan Santana (PS) expresó su preocupación, señalando que “es cuestionable que una cartera liderada por Cubillos haya transferido cuantiosos recursos a la USS, universidad que luego la contrató con un salario elevado”. En tanto, su colega Andrés Giordano (FA) apuntó a la relación entre la USS y el gobierno anterior, sugiriendo que la institución ha actuado como una “caja pagadora” de exfuncionarios.
La investigación de la Contraloría, de acuerdo a lo recogido por La Tercera, buscará determinar si hubo irregularidades en estas transacciones y si se utilizó mal el aparato público para favorecer a la USS, como denuncian los diputados.
