Defensa de Vivanco pide inhabilitar a juez Daniel Urrutia por tener “enemistad o resentimiento” en contra de la magistrada
Destacaron que Urrutia es presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ), grupo que en septiembre se manifestó públicamente pidiendo la renuncia de la magistrada y la apertura de sumarios contra otros jueces.
La suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, lanzó una nueva ofensiva judicial este martes al solicitar la recusación del juez Daniel Urrutia, quien recientemente visó una orden de entrada y registro en su domicilio.
La medida fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por su defensa, liderada por el abogado Juan Carlos Manríquez, quien argumentó que Urrutia mantiene “enemistad, resentimiento u odio” hacia la ministra, lo que afectaría su imparcialidad en la causa.
Más información
En el documento presentado por la defensa, se invoca la causal N°16 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que permite la recusación de un juez si se demuestra que existe animadversión que comprometa la debida imparcialidad. “Urrutia ha expresado en reiteradas ocasiones su opinión en redes sociales sobre el caso, involucrándose al punto de liderar manifestaciones y exigir sanciones contra mi representada”, argumentó Manríquez.
Además, la defensa de Vivanco destacó que Urrutia es presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ), grupo que en septiembre se manifestó públicamente pidiendo la renuncia de la magistrada y la apertura de sumarios contra otros jueces. Estos antecedentes, según el equipo defensor, refuerzan la percepción de parcialidad del juez en el caso, consigna La Tercera.
“Jueces corruptos”
El documento también subraya que Urrutia ha manifestado su opinión en diversas publicaciones en redes sociales, apoyando comentarios que instan a la renuncia de Vivanco y utilizando expresiones como “jueces corruptos”. Estas acciones, según la defensa, demuestran que el magistrado ya habría formado una opinión sobre la causa.
La defensa de Vivanco sostiene que la intervención de Urrutia como juez compromete el derecho al debido proceso y las garantías constitucionales de la suspendida ministra, lo que obliga al magistrado a abstenerse de seguir involucrado en el caso.
