Este jueves, la Contraloría General de la República rechazó la solicitud presentada por la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien buscaba impugnar el proceso de remoción en su contra. Vivanco, envuelta en el polémico Caso Audio debido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, recurrió al órgano contralor para que se pronunciara sobre la legalidad del proceso disciplinario que enfrenta.

En el documento dirigido a la contralora subrogante, Dorothy Pérez, Vivanco solicitaba un “pronunciamiento jurídico” respecto al proceso que podría llevar a su destitución, según lo estipulado en el artículo 80 de la Constitución Política de la República. La ministra argumentaba que no se le ha permitido acceder a los antecedentes de las comisiones de ética que motivaron su remoción, dificultando su defensa.

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Sin embargo, la Contraloría se negó a emitir un pronunciamiento, basándose en la “jurisprudencia administrativa” y en los artículos 80 y 82 de la Constitución, los cuales otorgan a la Corte Suprema la facultad de supervisar y sancionar a los tribunales del país. Según fuentes cercanas, la respuesta oficial será entregada a Vivanco en las próximas horas, consigna La Tercera.

La defensa de Vivanco, liderada por los abogados Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, ha manifestado su preocupación por la entrega de los mensajes entre la ministra y Hermosilla, que están siendo utilizados como parte del proceso disciplinario. Aseguran que dicha entrega es irregular, ya que Vivanco no ha tenido acceso a esos antecedentes.

Vivanco sostiene que, desde julio, ha sido objeto de dos comisiones de ética relacionadas con sus conversaciones con Hermosilla, lo que ha motivado su suspensión y el inicio del cuaderno de remoción en su contra. Alega que se le ha negado acceso a los documentos clave de dichas investigaciones, lo que, a su juicio, vulnera su derecho a una defensa justa.

Informe Minju

La ministra también pidió a la Contraloría que, previo informe del Ministerio de Justicia, declarara ilegal cualquier decreto presidencial que pudiera llevar a su remoción sin garantizar su derecho al debido proceso. Según Vivanco, la remoción debe estar respaldada por una investigación exhaustiva y un expediente que acredite el mal comportamiento judicial.

Finalmente, la defensa de Vivanco insiste en que los mensajes intercambiados entre su representada y Hermosilla pueden explicarse y no contienen evidencia de irregularidades. Aseguran que no ha habido favores ni ventajas en la tramitación de ningún recurso judicial relacionado con el caso.