Abogados de Ángela Vivanco solicitan formalmente al fiscal Valencia no entregar sus chats con Luis Hermosilla
Los juristas que defienden a la ministra, vía correo electrónico, solicitaron a la Fiscalía no proporcionar sus conversaciones con Hermosilla. Aseguran que es “Ilegal”.
Santiago
La defensa de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha presentado una solicitud formal al fiscal nacional, Ángel Valencia, oponiéndose a la entrega de los mensajes de WhatsApp entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, en el marco del proceso de remoción en su contra.
Los abogados de Vivanco, Juan Carlos Manríquez y Cristóbal Osorio, argumentan que la solicitud de la Corte Suprema carece de respaldo legal y vulnera la privacidad de las comunicaciones de su defendida, las cuales están protegidas por el secreto legal.
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“Nos venimos a oponer a la solicitud efectuada por el excelentísimo pleno de la Corte Suprema para acceder a las conversaciones privadas de la ministra Vivanco con Luis Hermosilla Osorio u otras”, indicaron en un correo electrónico enviado a Valencia, al que tuvo acceso La Tercera.
¿En qué se basan los abogados?
Los defensores se basan en los artículos 19.2 y 19.3 de la Constitución, que garantizan la protección de los datos privados, y subrayan que “no hay fuente legal que lo autorice”.
El equipo legal de Vivanco también destacó que la solicitud del máximo tribunal infringe el ordenamiento jurídico, señalando que “el procedimiento de remoción es un procedimiento diverso al procedimiento disciplinario”, y que las normas aplicables “no autorizan la solicitud de diligencias u oficios de la Excma. Corte”.
A su juicio, el procedimiento de remoción, regulado por la Constitución y el Acta 108-2020, no permite la realización de este tipo de diligencias, limitándose a un traslado y prueba del inculpado.
Posibles consecuencias para los involucrados
Además, advirtieron sobre las posibles consecuencias legales de entregar esta información, afirmando que la Fiscalía “requiere una fuente legal que lo autorice o consentimiento”, de lo contrario, cualquier entrega de datos no autorizados podría dar lugar a “responsabilidad patrimonial, administrativa y penal”.
El incumplimiento, según los abogados, obligaría a la eliminación de la información y podría generar indemnización de perjuicios.
Esta oposición se produce en un contexto donde Vivanco es investigada penalmente por posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho, y donde ella ya entregó voluntariamente su teléfono y computador al Ministerio Público como parte de las diligencias.