“No es una ampliación”: Alcaldesa Hassler emite informe técnico rechazando nueva cárcel de Alta Seguridad en Santiago

La Municipalidad de Santiago, liderada por la alcaldesa Irací Hassler, ha emitido un informe técnico en el que rechaza formalmente la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en el denominado “barrio penitenciario”, un proyecto anunciado por el Presidente Gabriel Boric en julio. El informe, que responde a un oficio del Ministerio de Vivienda, contiene 20 páginas y argumenta en contra de la modificación del plan regulador de Santiago para permitir la construcción del penal.

Entre los principales argumentos, el municipio señala que el proyecto no respeta los instrumentos de planificación territorial establecidos, no ha sido sometido a consulta ciudadana y presenta una falta de documentación. Además, sostiene que la ley invocada para la modificación sería inconstitucional y que la construcción tendría impactos urbanísticos, sociales y económicos negativos para la comunidad local.

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El informe también resalta que el proyecto no se trataría de una simple ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, como ha sido presentado, sino de la construcción de un nuevo penal, lo que requeriría la aprobación del concejo municipal. Además, menciona que la construcción se realizaría en un predio distinto al de Santiago 1, lo que refuerza el argumento de que se trata de un proyecto independiente, consigna La Tercera.

En cuanto a la base legal, el municipio considera que la ley 21.636, utilizada para justificar la modificación del plan regulador, es inconstitucional, ya que se presentó y votó como ley simple, lo que vulneraría atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Según el informe, esto afecta la autonomía municipal.

Finalmente, el documento destaca los efectos negativos que la construcción de una cárcel tendría en la comunidad local, como la depreciación del valor de las propiedades, el incremento de la percepción de inseguridad y la sobrecarga de los servicios públicos. A pesar de que la postura del municipio no es vinculante, desde la administración local han indicado que recurrirán a todas las instancias necesarias para frenar el proyecto.