El Gobierno está evaluando la posibilidad de solicitar la inhabilitación del juez Luis Muñoz, quien ordenó la liberación de 23 individuos vinculados a una banda de narcotraficantes en Ovalle.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su preocupación sobre la decisión inicial del juez, subrayando que estas personas “debieron haber quedado en prisión preventiva desde el inicio”. Tohá señaló que los detenidos están acusados de poseer 1.600 kilos de marihuana procesada, armas de fuego y una suma significativa de dinero, lo que indica su implicación en delitos graves y violentos.
Molestias en el Ejecutivo
“Estas personas están acusadas de delitos muy graves, y las armas son un indicador muy categórico de eso. Se ejecutan de manera violenta”, indicó Tohá. La ministra añadió que la decisión del juez Muñoz “genera hacia el futuro, que es lo que nos importa, una posición frágil después de lo que hemos vivido los últimos días”.
La ministra también destacó que, aunque se ha apelado la decisión y los acusados han regresado a prisión preventiva, la situación ha dejado al proceso judicial en una posición comprometida. “Nuestros equipos jurídicos están evaluando la posibilidad de solicitar al juez que se inhabilite en lo sucesivo en lo que se refiere a ver esta causa”, afirmó Tohá.
Por su parte, la Policía de Investigaciones está trabajando intensamente para recapturar a los restantes acusados. El Gobierno ha solicitado paciencia para permitir que se realicen los esfuerzos necesarios para resolver el caso de manera efectiva.
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