Gobierno concreta expulsión 44 ciudadanos extranjeros vinculados a diversos delitos cometidos en Chile

Esta mañana, un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) despegó con 44 personas extranjeras que fueron expulsadas del país, con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador.

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De estas expulsiones, 24 fueron de carácter judicial y 20 administrativas, dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), señalaron a través de un comunicado.

En él, detallaron que el Gobierno, junto con SERMIG, ha centrado sus esfuerzos en expulsar a quienes representan una amenaza para la seguridad nacional, debido a que los expulsados han cometido delitos que incluyen homicidio, abuso sexual, robo con intimidación, robo con violencia, robo por sorpresa y porte ilegal de armas.

En lo que va del año, Chile ha expulsado a 768 personas, utilizando tanto vuelos charter como comerciales. De este total, 433 corresponden a expulsiones administrativas, una cifra que supera el total anual de los años 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023. Asimismo, se han ejecutado 335 expulsiones judiciales en el mismo período.

Luis Thayer, director de SERMIG, señaló que “a la fecha, las expulsiones administrativas, que son las decretadas, ya alcanzan las 433. Esto representa un número superior a las expulsiones administrativas de los últimos cuatro años y refleja el compromiso de este Servicio por expulsar a aquellas personas que representan una amenaza para la seguridad del país”.

Desde 2022, la legislación ha cambiado, impidiendo que personas condenadas por delitos de tráfico de drogas puedan ser expulsadas como pena sustitutiva. Esta modificación ha provocado una disminución en el número de expulsiones judiciales respecto a años anteriores.

El Gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca permitir la expulsión de personas condenadas por tráfico de drogas, con el fin de reducir el hacinamiento en las cárceles.

Finalmente, Thayer destacó que “ahora tenemos el desafío de avanzar en la legislación sobre las expulsiones judiciales, ya que actualmente no es posible expulsar a personas condenadas por delitos de tráfico de drogas. Esta situación ha implicado una disminución significativa de este tipo de expulsiones y, al mismo tiempo, ha agravado el problema de hacinamiento en nuestras cárceles”.