La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación financiera tras auditar las transferencias realizadas por la Subsecretaría de Educación y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de la Región Metropolitana (RM). Según el informe N°170 del ente fiscalizador, un total de $78.737.404.844 no han sido debidamente rendidos por parte de los organismos que recibieron estos fondos, lo que ha llevado a que se remitan los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público para una posible investigación penal.

El análisis de la Contraloría, que abarcó el período entre 2007 y 2023, determinó que la Seremi de Educación de la RM no ha rendido un total de $2.888.393.255. Estos montos, destinados a programas como apoyo al deporte, interculturalidad bilingüe, Elige Vivir Sano, formación de adultos, y transporte escolar rural, entre otros, no han sido justificados adecuadamente, y en muchos casos, no existen documentos que respalden en qué se utilizaron estos recursos.

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Uno de los hallazgos más graves es que parte de estos fondos fueron entregados a beneficiarios que, al 31 de diciembre de 2023, ya habían fallecido, sin que se haya rendido un total de $33.821.505. Además, se detectaron importantes deficiencias en el control y seguimiento de las transferencias, incluyendo la ausencia de comprobantes de ingresos y un sistema de rendición deficiente, lo que ha contribuido a la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Irregularidades en la Subsecretaría de Educación

La situación en la Subsecretaría de Educación es aún más crítica, con un total de $75.849.011.589 sin rendir entre 2016 y 2023. Este monto incluye $5.142.975.185 de 24 sostenedores de colegios que se encuentran en “proceso de rendición”. Sin embargo, algunos de estos sostenedores ya no existen, ya que sus establecimientos fueron traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), lo que complica aún más el proceso de rendición y fiscalización.

La Contraloría también identificó que 349 beneficiarios rindieron sus gastos por un total de $1.557 millones, pero no se cuenta con detalles específicos sobre cómo se utilizaron esos fondos. Esta falta de transparencia en la rendición de cuentas ha generado preocupación y ha llevado a la apertura de sumarios administrativos para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados, según publica La Tercera.

Acciones futuras

Debido a la gravedad de los hallazgos, la Contraloría ha decidido remitir todos los antecedentes al CDE y al Ministerio Público, quienes podrían tomar acciones legales contra los responsables. Estos organismos determinarán si existen elementos suficientes para iniciar querellas o investigaciones penales por posibles delitos asociados al mal uso de fondos públicos.