Contraloría detecta irregularidades en contratos de la Fundación Daya: estos son los municipios involucrados

La Contraloría General de la República ha detectado múltiples irregularidades en los contratos entre la Fundación Daya y once municipios del país. El principal problema identificado es que el laboratorio encargado de elaborar el fitofármaco no contaba con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) en el momento de la fabricación.

En octubre de 2023, el diputado Juan Irarrázabal, del partido Republicanos, presentó una denuncia ante la Contraloría, señalando que municipios como Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal habían transferido recursos a la Fundación Daya.

Revisa también:

• Fiscal Mario Carrera e investigación por presuntos contactos entre el exfiscal Manuel Guerra y Luis Hermosilla: “Es un desafío importante”
• Caso Convenio: Fiscalía solicita levantar secreto bancario de familia del gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz

Esta fundación es legalmente representada por la diputada Ana María Gazmuri. La denuncia también incluía la falta de entrega de las contraprestaciones prometidas y la ausencia de rendición de cuentas en varios casos.

Según el informe de la Contraloría, aunque los convenios y transferencias de recursos se realizaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se pudo confirmar que el laboratorio tuviera la autorización necesaria del ISP, la cual solo se obtuvo en 2018 para producir 7.200 dosis de manera provisional.

Además, se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron las dosis acordadas, y otras 2 solo obtuvieron una parte.

Los antecedentes de Contraloría

La Contraloría comprobó incumplimientos por parte de algunos gobiernos locales en cuanto a las rendiciones de cuentas. Entre las irregularidades detectadas se encuentran: no exigir a la Fundación Daya las rendiciones con la periodicidad establecida en la normativa, no solicitar los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos recibidos, y no contar con los respaldos de los gastos rendidos.

Además, se identificaron casos específicos, como la inexistencia o duplicidad de rendiciones en Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros. También se aceptaron rendiciones de gastos por un monto superior al transferido en los municipios de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros. En Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral, se observó una falta de revisión de las rendiciones o la ausencia de antecedentes que acrediten dicha gestión.

Además, el ISP no otorgó nuevas autorizaciones ni concedió el registro sanitario para la fabricación del fitofármaco, lo que resultó en que las dosis producidas fueran insuficientes para cumplir con los acuerdos establecidos, que contemplaban el tratamiento de 2.300 pacientes durante un año.

A raíz de estas irregularidades, la Contraloría ha iniciado un sumario para determinar las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.