Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado serias irregularidades en los convenios suscritos entre la Fundación Daya y 13 municipalidades del país para implementar el “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis” como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico.

Entre los hallazgos más graves, destaca que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco no contaba con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) al momento de la producción, y que hubo incumplimientos en la entrega de las dosis comprometidas.

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La auditoría, contenida en el informe final N° 247 de 2024, revisó los convenios firmados entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, para un total de $423.426.000. De ese monto, $359.025.625 fueron transferidos a la Fundación Daya.

Según el informe, aunque las transferencias y los convenios se materializaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, el laboratorio encargado de la producción del aceite de cannabis no obtuvo la autorización del ISP hasta 2018, y solo para la fabricación provisional de 7.200 dosis. Además, se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron las dosis acordadas, mientras que 2 solo obtuvieron una parte de ellas. Ante estos incumplimientos, algunos municipios no exigieron la restitución de los recursos transferidos ni iniciaron acciones judiciales.

Rendiciones de cuentas

La CGR también descubrió fallas en las rendiciones de cuentas por parte de los gobiernos locales, como la falta de exigencia de comprobantes de ingresos y egresos, la duplicidad de rendiciones, y la aceptación de rendiciones por montos superiores a lo transferido, sin la debida revisión.

Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría General ha anunciado el inicio de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Además, los resultados de la investigación serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado para que tome las medidas legales correspondientes.