Certificados emitidos por médicos muertos: Contraloría detecta graves irregularidades en la entrega de permisos para uso de armas
El organismo fiscalizador identificó la emisión de certificados psiquiátricos por médicos no acreditados y la inscripción de armas a nombre de personas fallecidas, entre otros.
Foto referencial. / Sebastian Beltran Gaete
La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) enfrenta un sumario administrativo tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que pudo detectar importantes deficiencias en el control de armas y municiones a su cargo.
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La investigación, que inicialmente abarcaba el año 2023, pero se extendió a periodos anteriores desde 2019, reveló múltiples incumplimientos legales, inconsistencias y una falta de acreditación en los procesos de control, según consignó El Mercurio.
Entre los hallazgos, la Contraloría identificó graves errores en los sistemas de control, incluyendo fallas en el respaldo informático y en la verificación de la documentación presentada para la inscripción de armas.
Uno de los casos en particular es la detección de 61 médicos que emitieron certificados psiquiátricos sin acreditar la especialidad, un requisito esencial para la inscripción de armas, según el registro de la Superintendencia de Salud. En detalle, estos certificados fueron utilizados por 1.281 personas, de las cuales 502 los obtuvieron de un solo profesional.
Además, se encontraron 12 trámites respaldados por certificados emitidos por médicos que ya habían fallecido, e, incluso, en algunos casos, el RUT del profesional no existía.
Exceso de armas y municiones
Otro punto revisado es que la DGMN permitió la inscripción de armas a personas condenadas, según los datos del Servicio de Registro Civil. Concretamente, se identificaron 30 personas con condenas que no fueron inhabilitadas para realizar trámites de inscripción, y en nueve casos, personas con penas de cinco años o más mantenían registros de armas mientras cumplían sus sentencias. En total, 725 personas condenadas por delitos con penas restrictivas mantenían permisos de armas vigentes.
La auditoría también revisó la adquisición de municiones, encontrando que 174 personas compraron un total de 1.142.206 municiones de proyectil único, superando el límite anual permitido. De este grupo, 23 personas adquirieron el 51% de dichas municiones. Asimismo, 125 personas compraron 175.177 municiones de proyectil múltiple, excediendo también el límite permitido, con 48 de ellas adquiriendo el 52% del total.
En otro hallazgo, se constataron 18 trámites para la adquisición de artificios pirotécnicos y municiones realizados en nombre de personas fallecidas, lo que obligará a la DGMN a regularizar sus registros. Además, se identificaron 123 casos en los que propietarios de armas inscritas para defensa personal poseían más de dos armas activas, superando el límite permitido por la normativa.
Ante estas irregularidades, la Contraloría remitirá el informe al Ministerio Público para que se tomen las medidas correspondientes.