Caso Convenios: Fiscalía solicita formalización de 11 personas por arista Fundación Bonhomía
La fiscal de anticorrupción, María José Aguayo, confirmó que entre los imputados se encuentran tanto particulares como funcionarios públicos.
Agencia Uno
La Fiscalía Regional del Biobío solicitó al Juzgado de Garantía de Concepción la formalización de 11 personas implicadas en la arista del “Caso Convenios” relacionada con la Fundación Bonhomía.
La fiscal de anticorrupción, María José Aguayo, confirmó que entre los imputados se encuentran tanto particulares como funcionarios públicos, y los delitos incluidos en la solicitud al tribunal abarcan desde obtención fraudulenta de prestaciones estatales hasta lavado de activos y fraude al Fisco.
Revisa también
En una declaración, la persecutora explicó: “Se solicitó la formalización de 11 personas por distintos delitos. Algunos particulares están implicados en obtención fraudulenta de prestaciones estatales y lavado de activos, mientras que los funcionarios públicos están siendo formalizados por fraude al Fisco.”
La fiscal Aguayo también destacó la complejidad del caso, recordando que hace un mes el Consejo de Defensa interpuso una querella criminal contra 31 imputados, tanto personas naturales como jurídicas.
Tensión con GORE
Además de la formalización, la Fiscalía ha enfrentado dificultades con la obtención de información de parte del Gobierno Regional (GORE). “Solicitamos órdenes de detención para los imputados debido a la gravedad de los delitos, pero el tribunal rechazó nuestra petición,” comentó la persecutora.
La fiscal también mencionó que la fiscal regional, Marcela Cartagena, decidió abrir una investigación por obstrucción a la investigación, tras detectar trabas en la obtención de antecedentes necesarios para la indagatoria.
“Existen ciertas dificultades y trabas por parte de algunos funcionarios del Gobierno Regional que han impedido la entrega de información crucial,” añadió Aguayo. La investigación por obstrucción busca esclarecer las conductas y documentos emitidos por el gobierno regional que podrían haber afectado la investigación.
