Perú anula acusación penal a Fujimori por esterilizaciones forzadas
En el segundo mandato de Alberto Fujimori, el Gobierno realizó esterilizaciones a más de 200.000 personas.
Santiago
En el segundo mandato de Alberto Fujimori, el Gobierno implementó un programa que realizó esterilizaciones a más de 200.000 personas.
Según informaron medios locales, durante estos días, la Justicia de Perú confirmó la anulación de la acusación penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el caso de las esterilizaciones forzadas, al rechazar una apelación del Ministerio Público.
La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria confirmó en una resolución la decisión de anular el “auto de apertorio de instrucción” del caso, dejando así sin efecto lo avanzado entre 2021 y 2023. Asimismo, el Poder Judicial desestimó la apelación que había interpuesto el Ministerio Público contra la resolución de primera instancia, adoptada en diciembre de 2023.
La decisión fue emitida el 22 de julio, pero fue notificada recientemente y ratificó que el caso regrese a la etapa de presentación de la denuncia penal por parte de la Fiscalía.
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Las acusaciones contra Alberto Fujimori
Durante el segundo periodo de Gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, el Ejecutivo peruano implementó su Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, el cual realizó esterilizaciones a más de 200.000 personas, la mayoría quechua hablantes, de comunidades vulnerables y campesinas.
Este caso ha sido abordado y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y han incluido, además de a Fujimori, entre los responsables, a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.
A comienzos de diciembre de 2023, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido para ampliar la denuncia por el caso de esterilizaciones forzadas, y declaró nulo el proceso que comenzó en 2021 y lo regresó a la etapa de octubre 2018.
En ese entonces, la petición fiscal incluía más información y más víctimas que sufrieron estas intervenciones, generando el repudio por parte de organizaciones sociales.