Servel rechaza candidaturas por presentar deudas en pensión de alimentos
“En ese sentido, quienes presenten inscripción vigente, es decir, mantengan una deuda de pensión de alimentos y estén en el registro, no podrán ser candidatos”, confirmó la ministra Antonia Orellana.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se pronunció sobre las candidaturas objetadas por el Servicio Electoral (Servel) a deudores de pensiones de alimentos en el marco del proceso eleccionario que se celebrará en Chile el 27 de octubre. En estas elecciones, los ciudadanos elegirán a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.
Más de 50 candidaturas fueron rechazadas por el Servel debido a que los postulantes mantienen deudas de pensiones de alimentos, según información proporcionada por 24 Horas.
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Al respecto, la ministra Orellana explicó que el Servel ha cruzado las inscripciones de candidaturas con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, tal como lo establece la ley que creó este registro. “En ese sentido, quienes presenten inscripción vigente, es decir, mantengan una deuda de pensión de alimentos y estén en el registro, no podrán ser candidatos”, afirmó.
La autoridad también destacó que ha habido tiempo para regularizar estas deudas. Desde mayo de 2023, un cuarto de los deudores de pensiones de alimentos que estaban en el registro han logrado salir de él, gracias a las opciones habilitadas para saldar sus deudas.
La ministra explicó que las personas pueden salir del registro mediante el pago de la deuda o un acuerdo de pago serio y suficiente. Esto no solo les permite salir del registro, sino también volver a acceder a trámites como la renovación de la licencia de conducir o el derecho a postularse como candidatos en las elecciones.
La medida busca asegurar que quienes aspiren a cargos de representación pública cumplan con sus obligaciones legales, especialmente en lo que respecta al bienestar de sus hijos. La implementación de este registro y su cruce con las candidaturas es un paso importante para promover la responsabilidad y la equidad en los procesos electorales del país.
