Grupo de veedores chilenos acreditados por el CNE piden al gobierno reconocer triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela
Los firmantes aseguran que las polémicas elecciones funcionan con “un sistema electrónico, y que tiene auditoría y sistemas de verificación que no lo tiene ningún otro sistema electoral en el mundo”.
En diciembre de 2023 se realiza un plebiscito a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. / Future Publishing
Un grupo chilenos que cumplieron el rol de veedores internacionales, acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para solicitar una audiencia con el canciller Alberto Van Klaveren, instando al Gobierno chileno a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. En un comunicado, los veedores criticaron las declaraciones del canciller chileno, quien cuestionó la transparencia del proceso electoral en Venezuela.
Los veedores acusaron al canciller Van Klaveren de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, al sugerir que el candidato opositor Edmundo González “probablemente haya ganado la elección”. Cuestionaron la fiabilidad del canciller en basarse en declaraciones unilaterales de González y su mentora, María Corina Machado, quienes se autoproclamaron ganadores sin pruebas, ignorando los resultados oficiales proporcionados por el CNE, un organismo autónomo según la Constitución venezolana.
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Los veedores destacaron que fueron acreditados por el CNE para observar el proceso electoral, asegurando que este se llevó a cabo de manera legítima y transparente. “Desde nuestra observación y acompañamiento de las elecciones presidenciales, llamamos al Gobierno de Chile a respetar la institucionalidad democrática del Estado de la República Bolivariana de Venezuela y a reconocer la voluntad de los venezolanos nítidamente expresada en las urnas, como ya incluso lo han hecho 8 de los 9 candidatos opositores”, dice un comunicado publicado por Emol.
El grupo hizo un llamado a “respetar la soberanía de las instituciones venezolanas como el CNE y a reconocer al Gobierno”.
En el comunicado, los veedores también señalaron las consecuencias de las más de 900 sanciones económicas impuestas a Venezuela, destacando que estas medidas buscaban llevar al gobierno de Caracas al colapso. Lamentaron que Estados Unidos ahora deba comprar petróleo venezolano, en lugar de obtenerlo gratuitamente, y sugirieron que esta situación debería preocupar al Gobierno chileno.
“Nosotros conocimos cómo funciona el modelo electoral venezolano, es uno de los más confiables del mundo, y por ende nosotros podemos señalar con toda claridad que el proceso fue absolutamente legítimo y que el Consejo Nacional Electoral entregó los datos”, continua la misiva.
El grupo asegura que“el Presidente Boric no conoce bien el sistema electoral venezolano, que es un sistema electrónico, y que tiene auditoría y sistemas de verificación que no lo tiene ningún otro sistema electoral en el mundo”.
“Se establece un plazo de 30 días”
“Eso ha sido reconocido incluso con el mismo Centro Cárter que se puso crítico, pero, por otro lado, ya que no conoce la ley electoral, nosotros le comentaremos al Presidente y al Canciller, que en la ley electoral venezolana se establece un plazo de 30 días para que sean entregadas todas las actas y se pueda definitivamente llegar a una conclusión definitiva”, finaliza el documento.
El comunicado fue suscrito por Paloma Griffero, del Centro de Investigación de Estéticas Latinoamericanas (CIELA); Ricardo Maldonado, de la Federación Unitaria del Transporte, Puerto, Pesca y Comunicación en América (FUTAC); Eduardo Artés, ex candidato a la presidencia de Chile y dirigente del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) PC (AP); Esteban Silva, Presidente Movimiento del Socialismo Allendista de Chile; Roberto Ávila, abogado de DDHH; Jorge Gálvez, presidente Unión Bicentenaria de los Pueblos UBP-Chile; Esteban Maturana, médico ex dirigente sindical, Vicepresidente del Movimiento del Socialismo Allendista; Cristian Cuevas, Presidente Partido Popular de Chile; Soledad Castillo, abogada DDHH; Michael Humaña, del Comité Central del MIR de Chile; Juan Guerrero, dirigente Unión Bicentenaria de los Pueblos UBP-Chile y Marco González del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos.
