El Estado enfrenta una deuda con la industria eléctrica debido al congelamiento de tarifas desde 2019. Al comenzar su regularización, han surgido nuevos cargos, como el reciente anuncio de un posible aumento del 10% mensual en las boletas.
La diputada Marlene Pérez criticó esta situación diciendo, “Esto ya es un escándalo. Nuevamente, vemos alzas que el ministro no transparentó. Se vendrán alzas de un 10% en el año por distribución a propósito del atraso en la actualización de tarifas y la deuda que eso genera”.
En medio de esta situación, la inflación de junio reflejó el inicio de un cargo distinto, relacionado con el cobro de las distribuidoras. Este ítem corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), asociado al decreto que define las tarifas de distribución.
La diputada Natalia Romero expresó su preocupación: “Esta nueva arista que se suma al alza de las cuentas de la luz, que es esta deuda adicional con la industria que no había sido informada y que va a empujar que el aumento de las cuentas de la luz sea aún mayor del que ya se ha informado, es grave, absolutamente grave.”
Según cifras presentadas ante parlamentarios de la mesa técnica, se trata de unos US$ 600 millones. Esta cifra destaca la magnitud de la deuda y el impacto potencial en los consumidores.
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