Millonaria inversión y mayor inhibición de teléfonos: Gobierno anuncia medidas para reforzar lucha del crimen organizado en cárceles

Este jueves, en una sesión de la mesa de trabajo en contra del crimen organizado, el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, junto a otras autoridades, destacó las medidas implementadas para reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Durante la reunión, el secretario (s) de Estado subrayó la importancia de mantener un régimen estricto para los presos condenados por delitos graves, tales como secuestro, extorsión, trata de personas, homicidios y sicariatos. “Nuestro Estado va a dar una señal muy potente en el sentido de que este régimen no se va a flexibilizar a pesar de la intención que tengan estas personas de tratar de que exista un régimen mucho más flexible”, afirmó.

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Uno de los puntos centrales abordados fue la actualización sobre la inhibición de la telefonía celular dentro de los penales. El ministro (s) informó que la Contraloría General de la República ha tomado razón de la licitación para expandir esta medida a nueve establecimientos más, considerados estratégicos para el sistema penitenciario. “Estos establecimientos penales, definidos en marzo del 2023 como los más estratégicos, serán los próximos en implementar la inhibición de telefonía celular”, añadió Gajardo.

Celdas de máxima seguridad

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también intervino, destacando la continuidad y el valor de estas reuniones intersectoriales iniciadas en marzo de 2023. La autoridad de Ejecutivo enfatizó el respaldo total al trabajo de Gendarmería de Chile, especialmente en un contexto de sobrepoblación penal. “Este Gobierno recibió recintos penitenciarios con 41.000 a 42.000 personas privadas de libertad; hoy en día hay 56.000... un poco más del 14% de ellas son ciudadanos de nacionalidades extranjeras”, indicó, subrayando la complejidad de la gestión carcelaria.

El subsecretario también anunció una inversión de 110 millones de pesos para readecuar 20 celdas de máxima seguridad, con el objetivo de prevenir futuros incidentes y mejorar los estándares de seguridad. Además, reafirmó la eficacia del programa de bloqueo de telefonía celular, que se ampliará para cubrir el 40% de la población penal a finales de año. “Tiene un nivel de eficiencia por contrato sobre el 85%... hay cerca de 3.000 IMEI que ya han sido bloqueados”, destacó Monsalve, resaltando la unicidad de esta política en América Latina.

El fiscal Metropolitano, Marco Pastene, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para investigar delitos dentro de las cárceles. “La cárcel no es un espacio de impunidad, sino que tiene que ser un espacio que nos permita realizar investigaciones”, afirmó, señalando la relevancia de la participación de Gendarmería y otras instituciones en estas investigaciones.