Este jueves se publicó la ley que establece Internet como servicio público. Esta normativa consagra la conectividad digital como un derecho básico, otorgando al Estado todas las herramientas y facultades para garantizar este derecho a la ciudadanía. Impulsada inicialmente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y apoyada por la actual administración, la ley representa una transformación significativa de la Ley General de Telecomunicaciones.

La ley establece que las empresas de telecomunicaciones deberán proporcionar cobertura a todos los usuarios dentro de su zona de servicio. Esto implica que si una compañía opera en una comuna, deberá cubrir toda la comuna y no solo algunos sectores. En el caso de zonas rurales, serán las entidades definidas por el Instituto Nacional de Estadísticas las que determinarán las áreas a cubrir.

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Además, la ley permite la creación de mecanismos de subsidios a la demanda para ayudar a las familias que no puedan contratar planes de Internet. También facilita la formación de cooperativas de Internet, permitiendo que grupos u organizaciones comunitarias se autoabastezcan de conectividad, reduciendo así las brechas de acceso en sectores aislados.

El proyecto incluye una facultad presidencial que permite disponer de un subsidio anual durante la discusión de Presupuesto, destinado al pago de servicios de Internet para los usuarios más vulnerables, según el Registro Social de Hogares u otro instrumento adecuado. Este subsidio será financiado por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).

Pioneros en garantizar la conectividad

Chile se ha destacado por ser una de las naciones pioneras en proponer soluciones para la conectividad digital. Nuestro país fue el primero en América Latina en prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio, y ahora con esta nueva ley de Internet como servicio público, se estima que beneficiará significativamente a las comunidades más vulnerables y aisladas del país.

Con la implementación de esta ley, el Gobierno busca garantizar la conectividad digital en todo lugar donde habiten personas, asegurando así que todos los ciudadanos puedan acceder a este derecho básico y reducir las desigualdades tecnológicas y económicas en Chile.