Gobierno contrató asesores de empresas eléctricas para establecer nueva fórmula de cobro en tarifas de luz

El gobierno ha generado controversia tras contratar a dos asesores que trabajan para empresas eléctricas, con el fin de definir la fórmula de cobro que ha disparado las cuentas de luz. En octubre del año pasado, en reuniones reservadas con algunos senadores, se decidió encomendar esta tarea a miembros de una consultora ligada a las eléctricas.

Según una nueva investigación de Ciper, el costo de estos servicios fue de $26 millones. La polémica decisión se enmarca en un contexto de urgencia por resolver una multimillonaria deuda con las compañías del sector, acumulada desde el estallido social de 2019.

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El ministro de Energía, Diego Pardow, se reunió en secreto con la Comisión de Minería y Energía del Senado para negociar el mecanismo de actualización de tarifas. Desde el estallido social, las tarifas eléctricas estaban congeladas y, aunque se descongelaron brevemente en 2022, se volvieron a fijar en 2023. La acumulación de deuda con las eléctricas requería una solución que equilibrara los intereses de las empresas y los usuarios, evitando fuertes alzas repentinas.

La tarea de diseñar la fórmula de cobro recayó en Ramón Galaz y Andrés Romero, de la consultora Valgesta, quienes trabajaron para numerosas empresas del sector eléctrico. Ambos fueron contratados para elaborar una propuesta que permitiera un aumento progresivo en las tarifas de electricidad. Según un asistente a las reuniones, fue el ministro Pardow quien propuso su contratación debido a su capacidad técnica para resolver el problema tarifario.

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El 16 de octubre comenzaron las sesiones de trabajo, donde se establecieron las bases para la nueva fórmula de cobro. CIPER, a través de la Ley de Transparencia, obtuvo el informe final de Valgesta, que incluyó propuestas como un cargo extra en las cuentas para saldar la deuda con las eléctricas, denominado MPC. Algunas de estas propuestas fueron aprobadas por el Congreso Nacional el 30 de abril, incluyendo el cargo MPC y un subsidio transitorio para los usuarios vulnerables.

A pesar de las críticas por la falta de inclusión de expertos que representaran a los usuarios en las negociaciones, el Ministerio de Energía defendió la contratación de Valgesta y destacó que sus propuestas cumplieron con las expectativas técnicas. Hernán Calderón, presidente de Conadecus, aclaró que su organización no participó en las reuniones prelegislativas, aunque lograron incluir un subsidio para los consumidores vulnerables tras varias reuniones con el ministro Pardow.

Desde el ministerio le respondieron a medio investigativo que “el informe contratado no fue usado en su totalidad. Por ejemplo, algunos de los elementos de la propuesta de Valgesta que fueron recogidos son la extensión del plazo de pago de la deuda, desde 2032 a 2035, y la existencia de un mecanismo de ajuste del cargo MPC (cargo para el pago de la deuda) por variaciones significativas del tipo de cambio”.