La defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha solicitado urgentemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la revisión de las medidas cautelares impuestas al jefe comunal, con el fin de evitar que cumpla 45 días en prisión preventiva, lo que le obligaría a dejar su cargo. Los abogados argumentan que esta medida está motivada por “razones ocultas de persecución” política. Comparan la situación de Jadue con la vivida por el presidente brasileño Lula da Silva, sugiriendo una intencionalidad política detrás de su detención.

La solicitud, firmada por un equipo de juristas destacados, entre ellos Gonzalo Boye y Rodrigo Alberto Liberona, destaca que la prisión preventiva causaría un “daño irreparable” a los derechos fundamentales de Jadue, especialmente su derecho a la participación política. Argumentan que la medida cautelar no solo afecta su integridad, sino que también busca apartarlo de su función como alcalde.

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El escrito señala que si la prisión preventiva se mantiene hasta el 18 de julio, se “materializará la vulneración definitiva de los derechos de participación política” de Jadue, quien es reconocido por su liderazgo progresista y su activismo en defensa de los derechos sociales. Los abogados subrayan que esta persecución tiene como objetivo eliminar a un adversario político influyente.

Además, la defensa argumenta que el activismo de Jadue a favor de Palestina y su potencial como precandidato presidencial son factores que explican esta persecución política. Comparan su situación con la del presidente de Brasil, Lula da Silva, insinuando que las medidas en su contra tienen fines políticos para desestabilizar su carrera y liderazgo, publica La Tercera.

Apoyo a la solicitud

La diputada Carmen Hertz (PC) ha respaldado esta solicitud, indicando que la prisión preventiva de Jadue podría llevar a su destitución como alcalde el 18 de julio, lo que implicaría una vulneración del derecho a la participación política y la representación popular. Hertz enfatiza que esta situación requiere atención urgente para garantizar la justicia y los derechos del alcalde.

La defensa espera que la CIDH revise la solicitud antes del 18 de julio para prevenir la pérdida del cargo de Jadue y asegurar que sus derechos políticos no sean violados. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para la política chilena y los derechos de los líderes políticos en situaciones similares.