Ministro Cordero descarta transformar cárcel de Punta Peuco en un recinto para recibir reclusas embarazadas
El titular de Justicia argumentó que dada la situación de sobrepoblación en las cárceles del país, no es conveniente cerrar establecimientos ni trasladar masivamente a personas privadas de libertad.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, descartó el cierre del penal Punta Peuco, que alberga a condenados por crímenes de lesa humanidad, y también desestimó su adaptación para internas embarazadas o con hijos. En un oficio dirigido a la Cámara de Diputados, Cordero argumentó que la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios y la ubicación geográfica del recinto hacen inviable estas propuestas.
Cordero señaló que, dada la situación de sobrepoblación en las cárceles del país, no es conveniente cerrar establecimientos ni trasladar masivamente a personas privadas de libertad. “En concepto de esta Administración no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales”, señaló Cordero en el escrito enviado el 21 de junio.
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Respecto a la posibilidad de adaptar Punta Peuco para internas embarazadas, Cordero explicó que la ubicación del centro en Til Til, a 64 km de Santiago, no es idónea para la custodia de estas mujeres y sus hijos. “La ubicación geográfica del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco no lo hace un lugar idóneo para la custodia de mujeres embarazadas y/o que permanezcan al cuidado de sus hijos lactantes”, sostuvo la autoridad de gobierno.
La expresidenta Michelle Bachelet aseguró en agosto de 2023 que ordenó el cierre del penal durante su mandato, pero la orden no se ejecutó. Su entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a cumplir la orden, incluso frente a la propia Bachelet, según relató en 2018 el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, publica La Tercera.
La resolución del ministro Cordero reafirma la postura del gobierno de mantener operativa la cárcel de Punta Peuco, enfocada en condenados por crímenes de lesa humanidad, y de no considerar su readecuación para otros usos penitenciarios debido a las condiciones actuales del sistema carcelario y la ubicación del recinto.
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