Tamara Vidal y Simón Acuña, exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío, fueron formalizados por fraude al fisco, negociaciones incompatibles y estafa. Vidal, quien era la contraparte técnica, y Acuña, exjefe de la División de Desarrollo Social, están acusados de estar involucrados en un convenio de $160 millones con la Fundación Mi Hogar Asuncionista.
Según la fiscal Marcela Cartagena, la región del Biobío presenta la mayor cantidad de investigaciones vinculadas al Gobierno Regional, con aproximadamente 15 fundaciones implicadas. Cartagena destacó que esta región tiene el récord nacional en términos de investigaciones sobre fundaciones y convenios.
La persecutora asegura que Tamara Vidal cometió estafa y tráfico de influencias al crear programas y transgredir sus deberes para contratar personas sin las capacidades necesarias. Además, se reveló que Vidal solicitó a una colega usar su cuenta para recibir dinero ilícito.
Una de las pruebas clave fue un audio donde Vidal pide a Carolina Riquelme que le preste su cuenta para recibir $1,050,000. Este audio y otras evidencias llevaron a la fiscalía a solicitar la prisión preventiva para los acusados.
El Gobierno Regional, representado por el abogado Marcelo Torres, se excluyó de la audiencia debido a su implicancia en otro caso investigado. El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, valoró la labor de Torres, pero reconoció que los abogados del Gobierno Regional no tienen la capacidad necesaria para manejar estos casos penales.
La audiencia continuará este miércoles a las 10:30 de la mañana, donde se presentarán los alegatos de las defensas de Tamara Vidal y Simón Acuña. El Ministerio Público ya ha solicitado medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, en este caso que marca un año desde el inicio de las investigaciones sobre los convenios en la región del Biobío.
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