De manera unánime, Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso, fue reelecto presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, entidad que agrupa a las 18 universidades públicas del país.

Corrales, que dirige la UV, fue parte de la primera generación de estudiantes de la Escuela de Psicología de la casa de estudios porteña, es Magíster por la Universidad de Chile y doctor en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid.

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Consultado por ADN por los desafíos para, en específico, el segundo semestre, aseguró que se está trabajando en un plan de modernización de las universidades del Estado, tanto en materia de financiamiento como normativas reguladoras. El objetivo, dijo, es “dotar a las universidades públicas de mejores herramientas para cumplir sus elementos misionales, que son dar una mejor cobertura en lo que se refiere a docencia, hacer una mejor investigación y también tener un mayor protagonismo en el desarrollo territorial de nuestro país”

Acampadas pro palestina y financiamiento estructural

Sin embargo, uno de los contextos críticos en la actualidad son las movilizaciones de grupos estudiantiles en solidaridad con Palestina, donde se demanda el cese de relaciones con universidades israelíes.

Corrales reconoce que “las universidades no somos indiferentes frente a la tragedia de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, es algo a lo que le hemos puesto atención”, pero que “las formas de expresar eso no pueden suponer en ningún caso impedir o dificultar el funcionamiento normal de las instituciones, o impedir que otras voces también tengan un lugar en el debate público al interior de las instituciones”

En tanto, otras situaciones particulares para el consorcio pasan por el estado de algunos planteles, como la Universidad de Aysén. El presidente del CUECH explica que dicha casa estudios “no puede financiarse mediante un régimen de subsidio a la demanda, simplemente porque no hay un volumen suficiente de estudiantes para que eso sea posible”, y la situación, reconoce pasa por cómo se concibe el rol de las universidades públicas en estos territorios.

Todo sobre la base de la demanda de la comunidad por contar con una oferta más amplia en Educación Superior, pero también en lo que respecta a la producción de cultura. Frente a esto, Corrales ha planteado cambiar el régimen de financiamiento hacia uno “en que los aportes basales del Estado a las universidades públicas sean mucho más relevantes”, una materia en la que se encuentran trabajando con la Subsecretaría de Educación Superior

Salud Mental y condonaciones

Otra de las preocupaciones tiene que ver con materias sobre las que además hay iniciativas legales en por discutirse en el Congreso, el sistema de financiamiento, o algunas que ya están en tramitación, como el sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental.

Sobre este último, Corrales reconoce que tras el retorno de la pandemia, se ha visto un aumento de situaciones de crisis de salud mental, pero que el rol del sistema superior es preventivo. “Tenemos un desastre de salud mental en el país muy importante y las universidades no podemos cubrirla. Por lo tanto, vemos con alguna preocupación que estas leyes, así como alguna otra, trasladen a las universidades, la responsabilidad de hacernos cargo integralmente de todo lo que ha supuesto esta verdadera crisis en materia de salud mental que hemos venido enfrentando”.

En materia de financiamiento, a la espera de las discusiones legislativas sobre el nuevo mecanismo, el rector de la UV asegura que “hay un deber moral del Estado, especialmente con un grupo de estudiantes que se formaron o comenzaron su formación en universidades que, por ejemplo, quebraron o no pudieron continuar (…) se quedaron con unas deudas enormes que luego, al no tener los títulos profesionales y no poder aspirar a mejores empleos, no les ha resultado posible pagar”

En este caso, plantea que “hay un grupo de estudiantes y de personas a las que se les debe dar una solución”, sin embargo, también dijo que “esa solución debe ser sostenible, fiscalmente responsable, progresiva, porque de lo contrario se va a comprometer en el largo plazo el financiamiento del sistema educativo superior”.