Rechazan sobreseimiento definitivo parcial del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, imputado por delitos de cohecho, fraude y lavado de activos

Este viernes, el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo parcial presentada por la defensa del alcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy Muñoz, quien está imputado por el Ministerio Público como autor de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado reiterado.

En la audiencia de sobreseimiento y cautela de garantías, el magistrado Gianni Libretti Peña no dio lugar a la petición de la defensa de sobreseer a Godoy en uno de los cargos de cohecho. Este cargo específico se relaciona con el supuesto pago de cerca de $7.000.000 en efectivo que un empresario habría realizado al alcalde para asegurar la adjudicación de contratos de feria navideña y una cena para funcionarios municipales.

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El tribunal argumentó que la declaración del empresario, quien se identificó como sobornante, es un antecedente suficiente para vincular al imputado. “Aunque no hubiera realizado pago alguno, su propuesta de beneficios a cambio de apoyo financiero fuera del marco legal de la política constituye en sí mismo un cohecho”, explicó el magistrado.

“La ausencia de esta suma de dinero, y probablemente su imposibilidad de ser encontrada debido a la forma en que se cometió el ilícito, no obliga al tribunal a dictar un sobreseimiento definitivo”, señaló Libretti Peña. Según el tribunal, para decretar un sobreseimiento definitivo debe existir un estándar superior al de una sentencia absolutoria.

El magistrado también rechazó la solicitud de cautela de garantías presentada por la defensa, la cual alegaba una vulneración en la entrega de la carpeta investigativa por parte del Ministerio Público. Libretti Peña no advirtió alguna vulneración en este aspecto.

Según la acusación del Ministerio Público, el alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz habría favorecido a coimputados a cambio de dinero mediante actos irregulares, tratos directos sin justificación, no cobro de multas y pagos por obras no realizadas, lo que generó egresos irregulares en perjuicio fiscal.