Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Ángela Vivanco, solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, que el Ministerio Público no entregue los chats a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, donde él y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma aparecen en la investigación en contra del abogado Luis Hermosilla. Migueles argumenta que la solicitud “excede con creces las atribuciones” de la comisión y que revisarlos sería una “transgresión a los derechos fundamentales”, ya que se trata de conversaciones privadas.
En un escrito de ocho páginas, Migueles indicó que no puede ser vinculado a la comisión ya que no es miembro del Poder Judicial, y, por tanto, no está sujeto a sus regulaciones. Según él, la solicitud representa “una clara vulneración a la normativa” y constituye un abuso de las facultades de la comisión.
Migueles subraya que las conversaciones son privadas y están protegidas por garantías constitucionales. “Su arbitraria revisión y análisis por parte de la comisión, quien actúa por fuera de su marco orgánico, representan una transgresión a los derechos fundamentales de mi representado”, añadió.
El abogado de Migueles, Jorge Villalobos, argumentó que “el ordenamiento jurídico posee necesariamente ciertas limitaciones”, destacando que sólo el Ministerio Público y los tribunales penales tienen la facultad de realizar tales investigaciones, publica La Tercera.
Según el escrito, la solicitud de la Comisión de Ética “constituye un acto antijurídico” y podría ser considerada un delito, ya que busca acceder a información secreta obtenida en el marco de un procedimiento penal.
El documento insta al fiscal Valencia a negar la entrega de los antecedentes a la Comisión de Ética, argumentando que su revisión sería una “transgresión directa” a la normativa y los derechos constitucionales.
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