Caso Audio: Corte de Apelaciones rechaza recurso de protección por vaciado del celular de Luis Hermosilla

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado contra el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el vaciado del teléfono celular del abogado Luis Hermosilla, investigado por el caso Audio, el que fue ingresado por el abogado Mario Vargas Cociña.

La Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, la ministra María Loreto Gutiérrez Alvear y la abogada (i) Paola Herrera Fuenzalida, decidió en fallo dividido que el recurso de protección no es la vía adecuada para controlar la investigación del Ministerio Público. La corte estableció que cualquier afectado debe recurrir a la tramitación ordinaria de causas penales.

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Según el tribunal, “el Ministerio Público debe proteger los derechos constitucionales de terceros” y que no se ha revelado el contenido de las transcripciones, que suman 770.000 páginas, a menos que estén relacionadas con el hecho investigado. “Es deber del Ministerio Público cautelar, en su labor de investigación, los derechos constitucionales de terceros”, concluyó el fallo.

Sin embargo, “este tribunal de alzada no puede dirigir la investigación del ente persecutor, que es autónomo, y será esta institución la que cuidará, en su labor investigativa, de no revelar, ni a intervinientes ni a terceros, transcripciones de intercambios de mensajes que nada tienen que ver con la tantas veces mencionada investigación”.

Argumentos del Recurso

El recurso fue presentado por el abogado Mario Vargas Cociña, buscando impedir el acceso a los chats entre él y Hermosilla. Un magistrado estuvo a favor de acoger parcialmente el recurso, pero la mayoría del tribunal decidió rechazarlo, destacando la autonomía del Ministerio Público en su investigación.

El fallo establece que el Ministerio Público tiene las autorizaciones judiciales necesarias para incautar y vaciar el contenido del teléfono de Hermosilla y debe proteger los derechos de terceros ajenos a la investigación.