Incluyendo la creación del Código de Ética: las medidas anunciadas por la Corte Suprema tras polémica por nombramientos de jueces

La Corte Suprema celebró una sesión extraordinaria el pasado 17 de junio para abordar la controversia surgida por los recientes nombramientos judiciales, revelados en un reportaje de Ciper.

La declaración pública emitida por el Tribunal Pleno, incluyó importantes medidas y reflexiones sobre el sistema de nombramientos y la transparencia en la administración de justicia.

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La nueva vocera del máximo tribunal, la ministra María Soledad Melo, destacó que “el Poder Judicial y los miembros que lo componen reconocen la completa autonomía de los órganos constitucionales que ejercen funciones de investigación, estando disponibles para prestar la colaboración que se requiera y, eventualmente, asumir las responsabilidades que individualmente correspondan”.

En la declaración, la Corte Suprema reafirmó su compromiso con la transparencia y objetividad en la selección de los magistrados, tarea que motivó la convocatoria al pleno extraordinario. “La Corte Suprema ha planteado la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa y, entendiendo la urgencia que se requiere, retomará las gestiones que permitan lograr dicho objetivo”, aseguró Melo.

Además, se anunció la redacción de un Código de Ética Judicial basado en el Código de Ética Iberoamericano. “Este Tribunal ha estimado necesario avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial para nuestra judicatura”, señaló la vocera, subrayando la importancia de esta iniciativa para fortalecer la integridad del sistema judicial.

En respuesta a la polémica, el máximo tribunal conformará una mesa de trabajo para revisar y modificar las actas 104 y 105 de 2021, que regulan los concursos y nombramientos, con el fin de fortalecer los mecanismos de transparencia. También se convocará a una mesa de trabajo con el Ministro de Justicia y parlamentarios para discutir propuestas de modificación constitucional y legal en materia de nombramientos y carrera funcionaria.

Finalmente, la ministra Melo enfatizó que cualquier posible delito relacionado con tráfico de influencias será investigado por el Ministerio Público. “La Corte Suprema está disponible para las investigaciones que se estimen pertinentes y, si existe algún delito, lo determinará el Ministerio Público”, concluyó.