• 04 JUL 2024

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Remueven a Juan Ramón Godoy como alcalde de Rancagua: está en prisión preventiva acusado de corrupción

El ahora exjefe comunal es acusado de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado reiterado.

Remueven a Juan Ramón Godoy como alcalde de Rancagua: está en prisión preventiva acusado de corrupción

El Tribunal Electoral Regional (Tricel) decidió remover a Juan Ramón Godoy Muñoz de su cargo como alcalde de Rancagua. La sentencia establece que ahora el exjefe comunal incurrió en causales de cesación del cargo, lo que también lo inhabilita para ejercer cualquier cargo público durante los próximos cinco años.

El documento judicial indica que, una vez ejecutoriada la sentencia, se procederá a nombrar un reemplazante conforme a la ley. Además, tan pronto sea notificada la sentencia, Godoy será suspendido de su cargo, y se designará un alcalde suplente, según lo estipulado en el artículo 62 de la Ley N°18.695.

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La reclamación ante el Tribunal fue presentada por los concejales Valentina Cáceres Monsálvez, María Orueta De Val, Hugo Andrés Guzmán Millán y Emerson Adrián Avendaño Llanca, quienes argumentaron que el exlíder local cometió graves contravenciones a las normas de probidad administrativa y un notable abandono de deberes.

Con esta resolución, Emerson Avendaño asumirá temporalmente como alcalde suplente hasta que se ratifique su nombramiento como alcalde titular.

El pasado 4 de junio, el Juzgado de Garantía de Rancagua determinó mantener la prisión preventiva para Juan Ramón Godoy, quien enfrenta cargos por malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado reiterado, cometidos durante su mandato entre 2021 y 2023.

En la audiencia de revisión de la medida cautelar, la magistrada Carolina Lazen Maldonado rechazó la solicitud de la defensa de Godoy Muñoz, argumentando que no han cambiado las circunstancias que motivaron inicialmente la prisión preventiva. Para la jueza, la libertad del imputado sigue siendo un peligro para la seguridad de la sociedad y el desarrollo adecuado de la investigación.

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