Este lunes se dio a conocer que la Fundación Urbanismo Social solicitó a la justicia el inicio de un proceso de quiebra, apuntando a un grave problema de solvencia económica.

Recordemos que la organización sin fines de lucro está siendo investigada por el Ministerio Público en el marco del Caso Convenios, luego de haber recibido recursos públicos de trato directo de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

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La solicitud fue presentada por la arquitecta Camila Ramírez, en representación de la fundación el pasado 5 de junio ante el 22.º Juzgado Civil de Santiago, donde se argumentó que la institución “tiene deudas cuantiosas, que superan con creces su muy escaso patrimonio”.

“Por la nula capacidad económica de la fundación, se hace insostenible su situación actual, por lo que se ve en la obligación de presentar su liquidación voluntaria”, se detalla en el escrito al que tuvo acceso Diario Financiero.

En el documento, Ramírez también se refirió a la implicancia que tuvo estar vinculados al mediático caso. “Como es de público y notorio conocimiento, durante el mes de junio de 2023 se da a conocer el denominado Caso Convenios, que produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector vivienda y, fundamentalmente, un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia”, señalaron desde la fundación.

La acción legal

Así, en la acción legal presentada se sostiene que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros organismos fiscales con los que mantenían deuda, “respondieron paralizando virtualmente sus actividades, lo que se tradujo en situaciones tales como inconsistencias respecto a las respuestas entre Serviu y Seremi; silencio administrativo de las contrapartes técnicas de organismos públicos; paralización de la revisión de las rendiciones mensuales que se ingresaban para dar cuenta del uso de los recursos”.

En esa línea, indican que en lugar de evaluar sus procesos administrativos y responder conforme a los convenios firmados, “el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otros órganos de la Administración del Estado decidieron terminar los convenios celebrados con la Fundación Urbanismo Social”.