Condenan a cinco años de cárcel a funcionario de la DGAC por atropellar a carabinero en Iquique

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique condenó a cinco años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para conducir a un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de iniciales A.F.H.A., por el delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes, lo que causó lesiones graves y gravísimas en el funcionario de Carabineros Álvaro Moreno, quien efectuaba controles en la Ruta A-1 en marzo de 2022.

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Adicionalmente, el tribunal acogió la demanda de indemnización de perjuicios presentada por la cónyuge de la víctima, por lo que el acusado deberá pagar $300 millones por concepto de daño moral y $36 millones por daño emergente, sumando un total de $336 millones.

Los jueces acreditaron que el día de los hechos, cerca de las 12:00 horas, en la Ruta A-1 de la comuna de Iquique, el acusado conducía una motocicleta marca Kawasaki bajo los efectos de marihuana y sin licencia de conducir clase C. Al llegar al kilómetro 392, atropelló al funcionario de Carabineros, quien realizaba controles vehiculares junto a una compañera, ambos vistiendo uniforme institucional y chaleco reflectante.

Previamente, según lo expuesto en la audiencia, el carabinero había indicado con señales de mano la detención de la motocicleta y del vehículo que le precedía. Sin mantener una distancia prudente, el acusado intentó sobrepasar al otro vehículo que disminuía la velocidad. En ese momento, notó la presencia de la víctima y aunque accionó los frenos, no pudo evitar el impacto, lanzando al carabinero a más de seis metros hacia la barrera de contención.

Como resultado del atropello, la víctima sufrió traumatismo encéfalo craneano complicado, policontusiones y fractura expuesta de la tibia derecha con compromiso articular de ambas rodillas. Estas lesiones, que podrían haber sido mortales sin atención médica oportuna, dejaron secuelas graves en la víctima, incluyendo pérdida en su capacidad visual, pérdida de la memoria de hechos próximos, además, de lesiones de tipo vascular con peligro de trombosis, requiriendo terapias y tratamiento farmacológico permanente, todo lo cual la imposibilita para volver a desempeñarse laboralmente.

Durante el juicio, que se extendió por una semana, el fiscal Julio Sánchez, junto a los abogados querellantes de la cónyuge de la víctima y de la Delegación Presidencial de Tarapacá, presentó testimonios de la víctima, del conductor del vehículo que precedía al acusado, de otros testigos, de carabineros, de un perito de la SIAT y del médico del Servicio Médico Legal, quien confirmó una discapacidad del 92.5% en la víctima.