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¿Por qué Daniel Jadie quedó en prisión preventiva? Estos fueron los argumentos de la jueza para decretar la medida cautelar más gravosa al alcalde

La decisión se tomó en base a las pruerbas del Ministerio Público, quienes acusaron al jefe comunal y otros funcionarios de corrupción y manejo fraudulento de fondos públicos.

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03 DE JUNIO DEL 2024 / SANTIAGO
En el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, continúa la audiencia de formalización de la investigación contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por el Ministerio Público por delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, en el marco de la investigación del caso “farmacias populares”.
FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

03 DE JUNIO DEL 2024 / SANTIAGO En el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, continúa la audiencia de formalización de la investigación contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por el Ministerio Público por delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, en el marco de la investigación del caso “farmacias populares”. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

La mañana de este lunes 3 de junio, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fue puesto en prisión preventiva tras una audiencia donde la jueza Paulina Moya expuso detalladamente las evidencias que respaldan su participación en varios delitos de fraude y estafa, en el marco del llamado Caso Farmacias Populares.

La decisión se tomó en base a los argumentos presentados por el Ministerio Público, quienes acusaron al jefe comunal y otros funcionarios de corrupción y manejo fraudulento de fondos públicos.

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En concreto, al líder local se le imputaron diversos delitos de corrupción, como administración desleal, cohecho, fraude al fisco, estafa y delito concursal, por lo cual deberá pasar 120 días en prisión, plazo que durará la investigación.

Testigos y delitos

Durante la audiencia, la jueza citó los testimonios de varios testigos que situaron a Jadue en el lugar de los hechos y lo identificaron como el autor de órdenes clave para el traslado de máquinas desde la Fundación de Salud Primaria (Fusalp) a la oficina de un tercero. Entre los testimonios más contundentes estuvo el de César Ramírez, quien detalló una reunión en junio de 2020 donde el alcalde y otros funcionarios ofrecieron a proveedores la promesa de pagos diferidos, induciéndolos a entregar mercancías y emitir facturas basadas en falsas expectativas de solvencia económica.

“La estafa se habría gestado a partir de engaños que llevaron a las víctimas a incurrir en una disposición patrimonial en perjuicio propio”, destacó la magistrada, subrayando cómo se hizo creer a los proveedores en la rentabilidad y viabilidad de los compromisos comerciales, lo que finalmente resultó en un perjuicio económico considerable.

El tribunal también abordó las acusaciones de fraude al fisco, enfatizando la participación del militante del PC en la aprobación de fondos municipales para un proyecto de producción de medicamentos para covid-19.

La jueza mencionó que los fondos destinados al proyecto no se utilizaron para su propósito original, sino para pagar deudas, resultando en una defraudación al municipio por más de 204 millones de pesos. “La fabricación de las dosis de interferón nunca estuvo realmente aprobada”, afirmó.

Adicionalmente, se presentaron evidencias sobre compras directas de audífonos y kits de glucómetros a precios inflados, eludiendo los procesos de licitación pública y resultando en sobreprecios y adquisiciones innecesarias. La jueza resaltó que las defensas no lograron controvertir los hechos de que los fondos fueron desviados para cubrir deudas de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), en lugar de ser utilizados para el beneficio de la comunidad.

Argumentos para la cautelar

Finalmente, el tribunal consideró la gravedad de los delitos y la posibilidad de que, en caso de ser condenado, el alcalde Jadue no pueda acceder a penas sustitutivas, debiendo cumplir su condena de manera efectiva. “El tribunal estima que las medidas cautelares de menor intensidad son insuficientes para asegurar la seguridad de la sociedad y de la víctima, la Municipalidad de Recoleta”, indicó jueza Moya, decretando la prisión preventiva para el jefe local.

Es más, la magistrada recalcó que la media cautelar más gravosa se debe a que la libertad del líder comunal es peligrosa para la seguridad de la sociedad.

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